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Padres aseguran que los mantienen incomunicados; interpondrán una queja ante la CEDH

Actúa la PGR contra normalistas de Michoacán por posesión de explosivos

Trasladan a las 22 mujeres a penal federal de Morelos y a los 30 varones a Guanajuato

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La PGR ejerció acción penal contra 52 normalistas detenidos el pasado lunes en la caseta de peaje de Zirahuén; 22 mujeres fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos; los 30 hombres fueron encarcelados en el Cefereso número 12, en Guanajuato Foto Ignacio Juárez / La Jornada Michoacán
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2015, p. 36

La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal en contra de 52 normalistas de Michoacán y los acusó de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo dio a conocer que su delegación en Michoacán consignó a 22 hombres y 30 mujeres, quienes fueron detenidos el lunes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la autopista Siglo 21, después de que se apoderaron de la caseta de Zirahuén.

Los consignados son alumnos de la escuela normal indígena del municipio de Cherán, donde estudian para profesores de educación básica.

De acuerdo con la información de la PGR, las autoridades michoacanas detuvieron a las 52 personas “en posesión de 25 latas metálicas, envueltas en la parte superior con cinta canela y con una mecha de pólvora en la base.

El grupo de personas también contaba con 13 petardos o cohetones adheridos a palos de aproximadamente un metro de largo, señaló el Ministerio Público federal.

Las 22 mujeres fueron internadas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, que se localiza en Coatlán del Río, Morelos, en tanto que los 30 hombres fueron encarcelados en el Cefereso número 12, en el municipio de Ocampo, Guanajuato.

Los jueces federales tienen 72 horas para decidir la situación jurídica de los normalistas.

A las 9:45 horas del pasado lunes unos 60 normalistas ocuparon la caseta de Zirahuén, a unos 60 kilómetros de Morelia, y cerraron la autopista a Lázaro Cárdenas. Policías antimotines y de la Fuerza Ciudadana cercaron a los jóvenes, los detuvieron y trasladaron a las instalaciones de la PGJE en Morelia.

Después de las 13 horas arribaron a Zirahuén unos 200 normalistas acompañados por comuneros de la región de la Meseta Purépecha, quienes atacaron con piedras y palos a unos 40 policías que resguardaban la caseta. Al cabo de unos minutos arribaron más policías estatales y se inició el zafarrancho, que dejó un saldo de 52 personas detenidas.

El gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, advirtió que no aceptará chantajes ni presiones y dijo que en la entidad no se negociará con la ley. Asimismo consideró que los normalistas incurrieron en una clara provocación al desafiar a la autoridad.

Protestas en Morelia y bloqueo de carreteras

La CNTE suspende marcha; cambiará táctica

Ernesto Martínez Elorriaga Corresponsal

Morelia, Mich.

Padres de los 52 normalistas detenidos el lunes pasado en la caseta de peaje de Zirahuén de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas denunciaron que desde ese día no les han permitido verlos ni les han informado sobre su situación jurídica, por lo cual anunciaron que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

No es posible que el traslado de la procuraduría estatal a la Procuraduría General de la República (PGR) y luego a penales federales se haya hecho en total secreto, dijo uno de sus voceros en conferencia de prensa realizada en el centro histórico de Morelia.

Los familiares acusaron de represor al gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo, quien, al igual que funcionarios de seguridad pública, nunca les dijo que sus hijos iban a ser trasladados al penal femenil de Coatlán del Río, Morelos, y al varonil de Ocampo, Guanajuato.

A los jóvenes se les acusa de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, pues en los dos autobuses que tenían en su poder fueron encontradas unas latas de aluminio llevas de clavos, piedras y pólvora.

Anunciaron que junto con organizaciones sociales emprenderán la lucha legal para que sus hijos queden libres de los cargos que les inventaron y sean liberados, porque son estudiantes, no delincuentes. Aunque las autoridades no lo quieren aceptar, los derechos humanos de los normalistas han sido violentados, dijo el vocero y acusó a los medios de comunicación de criminalizarlos.

Hasta la tarde de ayer los padres de familia mantenían cerradas las avenidas Madero y Morelos Norte, en el centro de Morelia.

A las 16 horas, alumnos de las ocho escuelas normales bloquearon con autobuses la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, cerca de la desviación a Nahuatzen y Cherán, para exigir diálogo con autoridades de seguridad pública y con el gobierno estatal.

Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que sus agentes detuvieron al normalista Luis Ángel D. por presunto robo calificado a una empresa de lácteos. En mayo de 2014 y en abril de 2015 varios jóvenes retuvieron camiones y los llevaron a la escuela normal de Tiripetío.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que cambiarán su estrategia de lucha tras la consignación de los 52 normalistas a cárceles federales. Suspendieron la marcha del centro histórico a la delegación de la PGR y se permanecen en la avenida Madero, frente al palacio de gobierno estatal.

Otros grupos de profesores se manifestaron frente a las alcaldías de Venustiano Carranza, Tacámbaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, entre otras.

En la comunidad indígena de Caltzontzin, habitantes bloquearon con camiones y tractocamiones la salida de Uruapan a Morelia y Lázaro Cárdenas para respaldar a los normalistas. Dijeron que uno de los consignados es oriundo de esa localidad.

Apoyo de grupos indígenas

En un comunicado, dirigentes y autoridades de 30 comunidades purépechas, nahuas y mazahuas de Michoacán, integrantes del Consejo Supremo Indígena, exigieron la liberación de los normalistas y comuneros de Arantepacua detenidos el lunes.

Pidieron también el excarcelamiento del líder de Ostula, municipio de Aquila, Cemeí Verdía Zepeda. Está preso por defender a su comunidad de conformidad con sus usos y costumbres; es por ello que exigimos el retiro de los falsos cargos en su contra. De igual forma, requerimos la cancelación de las órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la policía comunitaria nahua, dijeron.