La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, reconoce que no proviene de una agrupación feminista, era muy operativa y quizás ese era el temor de quienes rechazaron su designación hace tres años. Pero no fue sólo eso. Muchas activistas no olvidan que en 2010 votó en contra de abrir una investigación sobre los feminicidios y desapariciones en el estado de México, cuando era directora del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs).

Nunca negué que hubiera violencia, lo que dije fue que la solicitud estaba jurídicamente mal sustentada, argumenta. Ante los señalamientos de diversas organizaciones de que el instituto dificulta el financiamiento público a sus proyectos, se dice extrañada de tal afirmación y asegura que los recursos que les otorgan se han incrementado.

En entrevista, dice que está satisfecha de la decisión que tomó hace cinco años en la entidad que gobernaba Enrique Peña Nieto. También habla de lo que ha hecho en un país donde de cada 10 mujeres seis han sido agredidas por sus parejas; se contabilizan casi 4 mil feminicidios –sólo entre 2012 y 2013– y se reportan 460 mil embarazos de adolescentes entre 10 y 19 años.

“Los retos que asumí fueron atacar la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades. Tenemos que trabajar mucho más en el empoderamiento económico: de cada 10 mujeres en edad de trabajar sólo cuatro lo están haciendo, y eso porque tienen doble o triple carga de trabajo en el hogar.

–Cuando fue designada, algunas feministas manifestaron su rechazo porque cuando era titular del Cemybs se opuso a comenzar una investigación para decretar una alerta de violencia de género en el estado de México. ¿Por qué consideró eso?

–En ningún momento negué que hubiera violencia contra las mujeres. Argumenté que estaba jurídicamente mal sustentada. Me notificaron de la solicitud para decretar la alerta un 24 de diciembre por la tarde, por correo electrónico. Absolutamente nadie de Inmujeres me asesoró ni me contestó el teléfono. Diez minutos antes de empezar la votación para decidir si se empezaba la indagatoria me recibieron para decirme de qué se trataba. De acuerdo con la ley, me lo debieron notificar en días laborables”.

–Desde el año pasado, un grupo de organizaciones ha estado denunciado que Inmujeres obstaculiza la entrega de dinero para financiar sus proyectos.

–Me apena el tema. Ellas comentan que en las reglas de operación ponemos candados muy fuertes, pero son exigencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son recursos del pueblo y tienen que estar muy bien soportados; todo debe ser muy transparente. Además, cuando entré (en 2013) el programa Pro Equidad, que es el destinado a esos grupos, tenía un presupuesto de 13 millones de pesos. Al año siguiente se incrementó a 42 millones; el año pasado logramos 60 y para éste fue de 80 millones de pesos.

Al cuestionarle cómo se logrará que la distribución del trabajo sea igual entre hombres y mujeres, uno de los proyectos anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto, responde que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) apoya a las mujeres con el trabajo no remunerado.

Apunta que en el instituto se ha coordinado con otras dependencias para continuar con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Al año tenemos entre 430 mil y 460 mil nacimientos de madres de entre 10 y 19 años. Considera que en 12 años no se trabajó como se debía; no había una política focalizada. Así que ahora la prioridad será erradicar ese problema en niñas de entre 10 y 14 años.

–¿Qué se está haciendo por las mexicanas en el extranjero?

–Apenas firmamos un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover sus derechos a través de consulados y embajadas.