México no debe abandonar el debate de un salario digno para los trabajadores. Hacerlo sería cerrar la puerta a un derecho que ha sido arrebatado por falta de pericia o franca codicia tanto de las autoridades gubernamentales como de los empresarios, señala la Comisión para la Pastoral Social del Episcopado Mexicano.

La tarea para fijar un sueldo verdaderamente digno no es sencilla, pero resulta intolerable que siga habiendo excluidos con la complicidad de una economía que mata.

En un posicionamiento sobre el tema, que analiza la profunda caída del poder adquisitivo en décadas recientes, la Comisión Episcopal considera que la desindexación del salario mínimo a multas y pagos ordinarios, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, es positiva, pero lamentó que no se haya dado un paso adelante en el reconocimiento de que la remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales.

Incluso, la comisión cita declaraciones del papa Francisco sobre el tema laboral y la justa remuneración. El pontífice advierte que no es permisible aceptar un modelo económico que excluye y es fuente de desigualdad.

Cita además un estudio elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México, dado a conocer el pasado 15 de diciembre, en el cual se señala que un obrero necesitaba trabajar en 1987 unas 8.3 horas para comprar la canasta básica, pero hoy requiere casi 52 horas. Esto es, 2.1 días seguidos para comprar lo mismo.

La canasta obrera indispensable (COI) ha pasado de 6.86 pesos a 453.68; es decir, se ha perdido 83.62 por ciento el poder adquisitivo. Cabe aclarar que la COI representa el precio de una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia de cuatro personas (dos adultos, un joven y un niño; ésta está integrada por 35 bienes y servicios, 27 alimentos, tres productos de aseo personal y para el hogar, transporte, energía eléctrica, gas y agua, indica la investigación.

La Comisión Episcopal señala que algunas voces que se oponen a un aumento al salario argumentan que no puede darse por decreto, pues éste debe ser pagado por los dueños del capital y que muchos de ellos son pequeños empresarios que no necesariamente tienen la capacidad para generar ese aumento.

Incrementar la productividad es, sin duda, la tesis más usada para conceder la posibilidad del aumento al minisalario. Sin embargo, la Comisión Episcopal señala que en los pasados 40 años el flujo del capital se ha incrementado y los trabajadores laboran más tiempo, pero el sueldo pierde capacidad, como el CAM lo demuestra. Parece, entonces, que mayor productividad no ha propiciado mejores sueldos.

Finalmente, advierte que el tema del incremento al salario mínimo y los sueldos en general se convierte en prioridad nacional que no necesariamente debe resultar en la pérdida de unos para el beneficio de otros, sino en priorizar las condiciones de igualdad de los trabajadores, quienes gastan parte importante de la vida en sus labores.