El año que termina fue turbulento para el campo. Inició con un recorte presupuestal por casi 8 mil millones de pesos, que repercutió en la baja de recursos para los programas dirigidos a los pequeños productores, continúo con la profundización de la corrupción de funcionarios en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la decisión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de colocar en el cesto del olvido los conflictos agrarios, y se cierra con el veto o el castigo en contra de algunas agrupaciones que se pronunciaron contra la llamada ley Ficrea, expusieron integrantes de los bloques de las organizaciones campesinas.

Durante estos 12 meses, los agricultores tuvieron más pérdidas que ganancias. Los precios de los principales granos siguieron a la baja, mientras los insumos básicos para la producción se incrementaron. Los costos de los fertilizantes se elevaron 40 por ciento. La plaga del pulgón amarillo devastó las siembras de sorgo, y la producción de café cayó a la mitad en el último lustro debido a la roya naranja.

Por el panorama poco alentador, productores del norte y bajío se reunirán los primeros días de 2016 para elaborar una carta que entregarán al papa Francisco en su visita al país para pedirle que se pronuncie en favor de los campesinos e indígenas.

Francisco Chew, del Movimiento Social por la Tierra e integrante del Frente Auténtico Campesino (FAC) –conformado por cuatro agrupaciones– comentó que la corrupción en Sagarpa fue tanta que incluso se falsificaron firmas de campesinos para favorecer a las agencias distribuidoras de maquinaria agrícola en Tabasco y el estado de México; otros cobraron comisiones de 5 mil a 20 mil pesos para incluirlos en el programa. En Aserca se siguió privilegiando al empresariado agrícola y a los responsables del programa de café, y hasta antes del cambio de titular de Sagarpa, se distinguieron por su negligencia en el combate a la roya.

El FAC realizó diversas movilizaciones en las sedes de Sagarpa y Sedatu para exigir la entrega de recursos. Por las movilizaciones y la unidad logramos arrancar parte de los recursos comprometidos. En el caso de la vivienda se debían 300 millones de pesos; Sagarpa no había ejercido 500 millones. A los campesinos pobres se les aplica la ley de la selva, y a los que no se defienden no les respetan sus derechos, sostuvo.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), apuntó que el año estuvo marcado por la ineficiencia, la falta de resultados y la corrupción. El también integrante del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) –integrado por seis organizaciones– expuso que la situación es desesperante y no hay alternativas para los jóvenes; se profundiza la miseria en las comunidades rurales y los recursos naturales siguen privatizándose, mientras la Comisión Nacional del Agua entrega las concesiones a empresas como Pepsico, CocaCola, Chilchota, Lala; los recursos para viveros tecnificados que permiten tener nuevos cafetos y combatir la roya, se entregaron a empresas como Chedraui.

A 25 Sociedades Financieras Comunitarias que se pronunciaron contra la ley Ficrea la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario les congeló los créditos, lo que dificulta su actividad.

El Congreso Agrario Permanente señaló que sólo con un nuevo pacto rural se revertirá el deterioro social y económico en el campo.