Las construcciones irregulares que no garantizan el derecho urbano serán el foco rojo para la ciudad México en los siguientes 10 años, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo. Añadió que ese será el reto para la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera, ante el crecimiento que mantiene la capital del país.

La ombudsman resaltó la importancia de generar un cambio integral que involucre tanto a las secretarías, la Asamblea Legislativa e incluso la misma jefatura de Gobierno, ante los problemas que ya se enfrentan, como escasez de agua, hundimientos, violencia familiar por el hacinamiento, porque en un predio para cinco personas han creado edificios para cientos de familias, apuntó.

En entrevista, alertó que si esa situación no se atiende será el foco rojo en los próximos 10 años. En la CDHDF llevamos un año de estar diciéndolo, porque no sólo es en el cerro de Santa Fe. En la recomendación más reciente que emitimos fueron 28 casos que documentamos por irregularidades, más los cambios en el uso de suelo.

Lamentó que de las 10 delegaciones a las que se dirigió la recomendación 12/2014, Tlalpan y Gustavo A. Madero no las hayan aceptado y estén pendientes. Por ello, dijo, hubo un acercamiento con los nuevos jefes delegacionales y se está a la espera de sus respuestas.

Las investigaciones siguen, están abiertas y es un tema que se está volviendo eje, y será eje para el jefe de Gobierno en cuanto a la voluntad de crear una comisión intersecretarial, interdelegacional, además de un cambio integral de leyes por la Asamblea, expresó la presidenta de la CDHDF.

Añadió que las construcciones van a seguir en la ciudad y se deben ver con visión de derechos humanos; no obstante, reconoció que hay vacíos para su regulación, porque si se acude a la Asamblea Legislativa para que el funcionario que no acepte la recomendación, porque permitió una obra irregular, sea llamado a rendir cuentas, no hay una ley actualizada para que se le obligue a cumplirla. Y si nosotros ponemos términos, no tenemos un mecanismo que obligue a que cumplan, porque la ley nos queda también en una ambigüedad.