A tres años de vigencia de la Ley General de Víctimas, es necesario revisarla, ya que hay enorme desigualdad en la protección de quienes han sido víctimas del crimen organizado o han sufrido violación de sus derechos humanos, advirtió la senadora Cristina Díaz, del PRI

La presidenta de la Comisión de Gobernación adelantó que se revisará esa ley a fin de mejorarla y poder contar con una norma efectiva para resarcir el daño a las víctimas, quienes ya sufrieron bastante y no es posible que se les niegue la ayuda prevista en la propia legislación.

Expuso que el trabajo de senadores y diputados va más allá de crear leyes, y se debe hacer una continua revisión y adecuación a las existentes.

La senadora Díaz hizo notar que, por ello, parte de la agenda de la comisión a su cargo para este 2016 es revisar a fondo esta legislación, tema en el que trabajan desde el año pasado y han realizado foros en la materia, en los que escucharon a familiares de desaparecidos, secuestrados y otros que padecieron el embate del crimen organizado.

Es necesario, insistió, que sean aplicados realmente los nuevos estándares legales para la protección a víctimas.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, destacó que se revisará también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que los feminicidios se han incrementado, “el matrimonio infantil sigue siendo una práctica común en el país y otros hechos graves que deben enfrentar cotidianamente las niñas y las adolescentes.

Para erradicar la violencia contra las mujeres, lo que se necesita es aplicar la ley y para ello la adecuaremos a la realidad, señaló la senadora perredista. Indicó que hay varias propuestas de reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado que deben dictaminarse a la brevedad.

Señaló que ello no es de ninguna manera una justificación para que los gobernadores no cumplan con su responsabilidad. Deben, insistió, aplicar la ley y declarar la alerta de violencia de género en la región o entidad que lo requiera.

Lamentó que en algunos estados el número de feminicidios sea muy alto y que los gobernadores, además de ser omisos, intenten darle la vuelta al problema y la manden al ámbito federal para no asumir su responsabilidad.

Explicó que cada entidad federativa tiene su propia ley, en la que se establecen las condiciones para declarar la alerta de violencia de género. Sin embargo, añadió, el feminicidio representa una gran omisión de las autoridades federales y estatales, las cuales evaden declararla.

No se ha querido entender que esta declaración tiene entre sus objetivos la constitución de grupos interdisciplinarios para determinar las acciones y las políticas gubernamentales que atiendan, prevengan, sancionen y erradiquen las formas de violencia contra las mujeres.