Normalistas de michoacán injustamente presos hace más de un mes


Foto: Ceiba pentandra, yaxché en maya. Foto: Teúl Moyrón C.

Flor Goche

Treinta alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga permanecen encarcelados desde el 7 de diciembre en el Centro Federal de Readaptación Social 11 de Hermosillo, Sonora, penal federal de máxima seguridad. Los jóvenes –que forman parte del movimiento estudiantil que estalló en Michoacán en octubre 2015, cuando los alumnos de las ocho Normales públicas de la entidad determinaron emprender un paro de labores ante la cerrazón de las autoridades locales y federales para escuchar y resolver sus demandas– son acusados de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus modalidades de fabricación ilegal y portación. En el fuero común enfrentan además un proceso por el delito de privación ilegal de la libertad.

El 7 de diciembre, 52 estudiantiles normalistas (30 hombres y 22 mujeres) fueron retenidos por policías federales y estatales sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura de la caseta de Zirahuén. Siete días después, el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Morelia, dictó auto de formal prisión contra los 30 varones.

A los muchachos se les acusa de fabricar y portar bombas caseras. Sin embargo, los artefactos que supuestamente cargaban están elaborados con botellas de refresco de la marca Canada Dry, que es poco comercializada en la entidad. Este es tan sólo uno de los argumentos que la defensa de los estudiantes normalistas utiliza para probar su inocencia.

“No hay elementos que acrediten su responsabilidad en los hechos”, sostiene Félix Pérez Lovato, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Prueba de ello, dice, es que las 22 estudiantes que estuvieron procesadas bajo la misma causa penal lograron su libertad absoluta, ante la falta de elementos que demostraran su culpabilidad. "¿Si el delito que se les achaca es el mismo, por qué aplicarles un criterio distinto?", cuestiona.

Pérez Lovato refiere que los padres de familia de los muchachos, acompañados por representantes del magisterio michoacano, solicitaron a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República (PGR), al Poder Judicial de la Federación y al gobierno local el traslado de los estudiantes a una prisión de Michoacán para que ahí enfrenten sus procesos. La petición a la PGR es también para que se desista de las acusaciones que se les imputan, ya que, como reitera, éstas no tienen razón de ser a la luz de la absolución de las 22 alumnas juzgadas bajo la misma causa penal.

El integrante de la sección XVIII denuncia el hecho de que la reclusión se dé en una cárcel de máxima seguridad de Sonora (a mil 635 kilómetros de la capital michoacana), lo que además de atentar contra el debido proceso de los jóvenes, representa un sinsentido ya que de ninguna manera ellos pueden ser considerados “reos de alta peligrosidad”.

Durante las vacaciones decembrinas, los padres y las madres de los normalistas encarcelados realizaron al menos tres acciones por la liberación de sus hijos. El 24 de diciembre, en vez de la cena de Navidad, sostuvieron un ayuno de 12 horas en la ciudad de Morelia y realizaron una marcha hacia el Palacio de Gobierno. El último día del año también se movilizaron en la capital de Michoacán.

Los familiares de los muchachos, acompañados de profesores y estudiantes normalistas, se mantienen en plantón permanente frente en la plaza Melchor Ocampo de Morelia.

Alejandro, vocero del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, advierte que de no ser liberados sus compañeros, los alumnos agrupados en la organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán continuarán con el paro de labores que emprendieron para demandar que no se aplique en sus escuelas el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Pública, que sus egresados no sean sometidos a la evaluación oficial para el ingreso al servicio profesional docente, y que el movimiento estudiantil que emprenden no sea objeto de represalias ni criminalización.

Pérez Lovato comenta que en general hay una campaña de persecución y criminalización contra los normalistas que se movilizan en Michoacán. Por lo pronto se tiene la certeza de la existencia de dos procesos penales que involucran a otros 13 estudiantes.

El primero de ellos (causa penal 239/2015) se relaciona con la detención, el 18 de noviembre pasado, de dos alumnos de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) acusados del robo de una unidad que transportaba leche. Estos muchachos obtuvieron la libertad bajo caución, beneficio que les permite enfrentar el proceso penal en libertad. La próxima audiencia del caso está programada para marzo próximo.

El segundo es por el delito de robo calificado en contra de una empresa de productos lácteos, hechos que datan de mayo de 2014. La mañana del 19 de noviembre pasado un alumno de la ENEF fue detenido en cumplimiento de orden de aprehensión derivada de este proceso que involucra a otros 10 muchachos, en su mayoría estudiantes de la Normal de Tiripetío. Cabe aclarar que siete días después, el alumno de la ENEF fue liberado bajo las reservas de ley ante la falta de elementos que prueben su responsabilidad en los hechos.