Repensar el modelo económico
del libre comercio

Pierre-Yves Serinet Coordinador de la Red Quebequense Frente a la Integración Continental (RQIC) [email protected]

En Canadá el libre comercio volvió a ocupar el centro de la discusión pública. El anuncio del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el 5 de octubre pasado en medio de la campaña electoral federal, hizo reaccionar a todos los partidos. El primer ministro canadiense electo, Justin Trudeau, prometió romper la falta de transparencia con “un debate público profundo y abierto de manera que las y los canadienses sean consultados”.

Esas consultas deben ser públicas y estructuradas, llevarse a cabo en todo el país y tratarse con honestidad, puesto que es probable que exijan la revisión y renegociación del Acuerdo. La población merece más que una consulta de fachada.

La soberanía de los Estados, amenazada. El TPP pertenece a una nueva generación de Tratados de Libre Comercio (TLCs) donde no se trata tanto de favorecer los intercambios comerciales, sino de construir un nuevo sistema de reglas que esencialmente buscan restringir la capacidad de los Estados a gobernar y regular en función del interés público.

El modelo del libre comercio provoca un deslizamiento del poder de los legisladores electos democráticamente hacia los actores económicos trasnacionales. Comparable a un “golpe empresarial”, los TLCs imponen una instrumentalización del Estado, forzándolo a intervenir únicamente para favorecer el laisser faire (libre comercio) y prohibiéndole orientar la actividad económica y desarrollar políticas sociales para corregir las injusticias del mercado.

¡Cooperen o lo demandamos! La emulsión de la soberanía se expresa de múltiples maneras. Por ejemplo, los nuevos TLCs incluyen mecanismos de “cooperación reglamentaria” que soslayan a las instancias democráticas de cada país al imponer una revisión previa de toda nueva política pública –con participación empresarial– afecto de asegurar su “coherencia” con la libertad económica.

Los TLCs también incluyen el controvertido mecanismo de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS), que permite a las empresas trasnacionales demandar a los Estados ante un tribunal de arbitraje supranacional cuando éstos adoptan políticas susceptibles de afectar sus “expectativas legítimas” de realizar ganancias.

Profundizando el alcance de este mecanismo, ya presente en el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la interpretación de los “derechos” otorgados a los inversionistas extranjeros toca un elenco cada vez más amplio de políticas públicas: se impugnan aumentos al salario mínimo (Veolia contra Egipto), medidas de precaución ambiental (TransCanada contra Estados Unidos por el oleoducto KeystoneXL), eliminación gradual de la energía nuclear (Vattenfall contra Alemania), políticas de salud pública (la tabaquera Philip Morris contra Uruguay), e incluso decisiones jurídicas (la farmacéutica Eli Lilly contra Canadá).

Los TLCs otorgan privilegios y derechos extraordinarios a los inversionistas extranjeros, pero no incluyen mecanismos equivalentes para obligar a las trasnacionales a rendir cuentas cuando sus actividades destruyen el medio ambiente o violan los derechos humanos. El mecanismo ISDS no se justifica en términos políticos ni económicos, y debe sencillamente ser retirado de los acuerdos.

Austeridad, servicios públicos y soberanía alimentaria. El texto del TPP confirma la liberalización de los servicios públicos. Están protegidos únicamente si se proveen en contexto de no competencia con otros proveedores y si no se basan en una lógica comercial. Hoy por hoy, en nuestros países los sistemas públicos de salud, de educación y de servicios sociales cohabitan y compiten con el sector privado, por ende el acuerdo negociado tiende a favorecer una ampliación de la privatización a costa de mermar la gestión pública de los servicios.

Más allá de topes determinados, los gobiernos, los municipios y las empresas estatales se verán obligados en abrir sus mercados públicos y someter sus licitaciones a la competencia extranjera, y atribuir los contratos al proveedor con más bajas cotizaciones. Ya no se podrá utilizar las compras gubernamentales para estimular el desarrollo local, crear empleos de calidad, afianzar los saberes técnicos, innovar a nivel ambiental.

Por otro lado, el TPP no sólo golpeará a la de por sí debilitada agricultura familiar y a las alternativas agroecológicas de proximidad, sino profundizará la crisis alimentaria de nuestros países, cada vez más víctimas de los cambios climáticos, como bien lo señalan el Movimiento Agrícola Nouminren en Japón y la Liga Campesina Coreana (KPL).

La situación es más peligrosa aún dado que el libre comercio y las políticas de austeridad se complementan para transformar el rol del Estado. La nueva ola de TLCs busca sellar de manera definitiva las privatizaciones. Mediante el llamado “efecto del trinquete” (ratchet en inglés), será imposible regresar a la gestión pública a los sectores ya privatizados, aun cuando se llegue a juzgar que las privatizaciones fueron ineficaces o contrarias al interés público. Todo acuerdo de libre comercio que paraliza la vida democrática y alimenta la espiral de la austeridad debe ser rechazado.

Repensar el paradigma a la luz de los hechos. Mientras que los nuevos acuerdos prolongan y van más allá del TLCAN, es asombroso que no exista ninguna evaluación oficial rigurosa de los impactos del “modelo” norteamericano. La vivencia de nuestros pueblos no puede ser más clara: 30 años de políticas de liberalización y de desregulación fueron un desastre para el frágil equilibrio del planeta y profundizaron las desigualdades sociales al servir principalmente a los intereses de las empresas trasnacionales.

Un cambio de paradigma es urgente. Pero ante la falta de voluntad política de las élites, nos encontramos en un punto de inflexión: el de seguir impulsando, desde la acción, la articulación planetaria de nuestros movimientos, y asumir que con las alternativas que desarrollamos, nosotros somos el otro mundo posible y juntos lo podemos construir.

Perú

Los tratados de libre comercio
y los pueblos indígenas

Luis Vittor Asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

A principios de la última década del siglo XX el Perú adoptó profundas reformas económicas y de liberalización comercial. En parte buscó mejorar su participación en el comercio internacional por la vía de aumentar sus exportaciones. En este proceso los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio (TLCs) constituyeron un instrumento clave para consolidar y/o ampliar los mercados existentes y abrir nuevos. Hoy acumula 20 acuerdos suscritos a escala regional o bilateral. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el resultado ha sido que las exportaciones se quintuplicaron durante la primera década del siglo XXI, pasando de seis mil 883 millones de dólares a 35 mil 806 millones.

Actualmente el gobierno peruano está negociando dos acuerdos bilaterales (con El Salvador y Turquía) y uno regional (Acuerdo de Comercio para los Servicios, TISA). En octubre de 2015 concluyó negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), donde participa con otros 11 países de tres continentes (América, Asia y Oceanía). De acuerdo con el documento relativo del Mincetur, con el TPP Perú obtendrá cinco nuevos mercados (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia y Vietnam) y logrará “mejores condiciones que las obtenidas en los acuerdos comerciales” vigentes con otros miembros del TPP (Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, México y Singapur). Se ha estimado un incremento potencial de dos mil 250 millones de dólares en exportaciones no tradicionales tras la entrada en vigor del TPP.

En general los debates sobre los acuerdos comerciales se centran en sus beneficios económicos y están casi ausentes las consideraciones sobre las consecuencias en los derechos humanos.

En la práctica, los acuerdos comerciales pueden implicar reformas de las normas nacionales y afectar los derechos humanos de diversos grupos. Por ejemplo, se reconocen sus efectos sobre los derechos de los trabajadores, por lo que cada vez más se incluyen disposiciones laborales para reducir las consecuencias negativas. Sin embargo, las consecuencias sobre los derechos de otros grupos –en particular los pueblos indígenas- no son abordadas adecuadamente en las negociaciones de los TLCs ni los Estados asumen medidas de protección tras su ratificación.

Considerando los antecedentes de las implicaciones del TLC Perú-Estados Unidos para los derechos de los pueblos indígenas, surgen preocupaciones por la implementación de los acuerdos del TPP detallados en 30 Capítulos.

En primer lugar, un tratado como el TPP requiere un proceso de adecuación de las normas nacionales para su puesta en vigor, lo que implica el desarrollo de nuevas normas y la modificación de otras.

Al respecto, la ministra Magali Silva, del Mincetur, ha señalado que considerando la implementación del TLC con Estados Unidos, “el Perú tendrá que desarrollar pocas normas para implementar el TPP”. La preocupación de los pueblos indígenas es precisamente sobre las normas que el gobierno requiere aprobar para el TPP. En el caso del TLC Perú-Estados Unidos se emitió un paquete de más de cien decretos ley. Al menos 11 de ellos fueron cuestionados por los pueblos indígenas por afectar sus derechos y emitirse sin consulta previa. Está vigente una Ley del derecho a la consulta previa, pero nada garantiza que las medidas a promulgarse para implementar el TPP sean efectivamente expuestas a consulta.

En segundo lugar, surgen preocupaciones relacionadas con el Capítulo de Inversión, cuyas obligaciones se aplican a las medidas adoptadas o mantenidas por los gobiernos nacional, regional o local, e incluye una sección de solución de controversias inversionista- Estado. En situaciones donde pueblos indígenas se oponen a la minería en sus territorios, el gobierno podría forzar la aprobación de los proyectos mineros con el fin de evitar un arbitraje internacional al amparo de un acuerdo comercial como el TPP o podría cancelar un proyecto minero –ejemplo: por no obtener el consentimiento de los pueblos indígenas- y la empresa podría someter al Estado a un arbitraje internacional por violación de un acuerdo comercial.

En el Perú tenemos el caso del proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. En 2011 indígenas aymaras de la región de Puno realizaron protestas exigiendo la cancelación de actividades mineras, entre ellas ese proyecto. Tras la movilización social y con evidencias de que la empresa habría violado el Artículo 71 de la Constitución, referido a la propiedad de extranjeros dentro de los 50 kilómetros de la frontera excepto en caso de necesidad pública, el gobierno decidió mediante decreto supremo –entre otros puntos- derogar la declaración de necesidad pública de Santa Ana. En agosto de 2014 la empresa inició arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), invocando el TLC Canadá-Perú suscrito en 2009, pero dice estar abierta a encontrar una solución con el gobierno peruano. En el escenario hay otros proyectos mineros de inversionistas de países del TPP con fuerte oposición social, como Tía María de propiedad del Grupo México.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo