El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó este jueves en Chilapa –donde asistió para una reunión del gabinete de seguridad nacional que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Ososrio Chong– que los dos estudiantes de la comunidad Changata, municipio de Ajuchitlán del Progreso, que presuntamente fueron plagiados el domingo pasado, ‘‘en realidad’’ pretendieron orquestar ‘‘un autosecuestro’’.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer, por medio del Diario Oficial de la Federación, el acuerdo sobre las normas que deben cumplir los agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) en favor de personas acusadas de delitos federales, que beneficiarán también a los afectados, ya que se podrá reparar el daño causado sin que los inculpados tengan que ser encarcelados o puestos a disposición de un juez. La PGR señala que la aplicación de un criterio de oportunidad será cuando la afectación del bien jurídico tutelado resulte poco significativa, para lo cual el MPF deberá tomar en consideración que el delito en que se aplique no sea de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Asimismo, el Ministerio Público puede aplicar esta medida tras analizar la carpeta de investigación donde se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad. Para determinar la poca significatividad en el grado de afectación al bien jurídico, el MPF deberá tomar en consideración el valor del bien, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados y las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, y la forma de intervención del imputado en la comisión del delito.

Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo con la que se pretende obligar a la Secretaría de Economía (SE) a fijar precios homologados en productos básicos, a fin de que el agua embotellada, el huevo, la leche y otros víveres para el consumo familiar cuesten lo mismo en todo del país. La petición de garantías fue elaborada por el especialista en derecho constitucional José Óscar Valdés Ramírez, quien utilizó una novedosa figura contemplada en la nueva Ley de Amparo (vigente desde 2013), que permite otorgar la protección de la justicia federal a los gobernados que se quejen de omisiones de alguna autoridad. Los conceptos de violación de la demanda indican que la SE está obligada por los artículos 4 y 28 de la Constitución a garantizar que se utilicen los medios adecuados de política económica para que toda persona acceda a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, además de que el segundo artículo prohíbe la concentración o acaparamiento en pocas manos de artículos de consumo necesario, con el fin de obtener alza en los precios. La juez admitió a trámite la demanda el pasado 29 de diciembre. La audiencia consititucional será el próximo 25 de enero.