Moscú.

Tanto el Kremlin como la cancillería y el Comité de Instrucción de Rusia, de igual manera que los dos sospechosos de ser autores materiales del crimen, rechazaron este jueves las conclusiones del reporte final del juez británico Robert Owen sobre el asesinato de Aleksandr Litvinenko, ex espía ruso y enemigo irreconciliable del presidente Vladimir Putin, su anterior jefe. Fue envenenado en Londres hace nueve años y dos meses con la sustancia radiactiva polonio 210.

He llegado a la conclusión de que la operación del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) para matar a Litvinenko fue, probablemente, aprobada por (Nikolai) Patrushev, entonces director del servicio, y también por el presidente (Vladimir) Putin, afirmó Owen al dar a conocer su reporte, cuyas 328 páginas pueden consultarse en inglés aquí.

Sostiene que Andrei Lugovoi y Dimitri Kovtun, a quienes señala como las personas que, en un bar del hotel Millennium de la capital británica, pusieron la dosis mortal del polonio en la taza de té del ex espía, convertido en informante de los servicios secretos de Gran Bretaña y España, cumplieron órdenes de otros, del FSB en particular, cuando envenenaron a Litvinenko.

Según el juez, el tratamiento favorable recibido por Lugovoi (en la actualidad diputado de la Duma y vicepresidente de uno de sus comités) sugiere que el Estado ruso aprueba el asesinato de Litvinenko, o al menos desea dar muestras de su aprobación al negarse a conceder su extradición para rendir testimonio.

En cuanto a la procedencia de la sustancia radiactiva, Owen asevera: la lógica de las diferentes teorías aportadas es que el polonio 210 utilizado para matar a Litvinenko, probablemente procede, o bien incluso tiene que haber procedido, de Rusia.

Para el portavoz de Putin, Dimitri Peskov, las conclusiones del juez británico “parecen una broma, típica del sutil humor inglés, cuando una investigación abierta y pública se apoya en información clasificada de servicios secretos no identificados y, en consecuencia, se basa en el uso frecuente de ‘probablemente’ y ‘es posible qué’…”

La vocera de la cancillería, Maria Zajarova, por su parte, lamentó que este caso puramente penal se haya politizado y ensombrezca la atmósfera general de las relaciones bilaterales. Calificó de no transparente la investigación y estimó que no había razón para esperar que no fuera tendenciosa.

Con mayor dureza se manifestó el Comité de Instrucción, dependencia encargada de investigar los crímenes y delitos más importantes en Rusia, que descalificó el reporte de Owen al subrayar que cuando unas pruebas se toman en cuenta, y otras se ocultan con toda la intención, y se hacen del dominio público sólo aquellas conclusiones que favorecen los intereses de una parte y otras se callan, estamos ante un caso de obvia manipulación de evidencias para conseguir el resultado deseado: llegar a una conclusión fijada de antemano.

Aleksandr Bastrykin, director del Comité de Instrucción –como información de contexto–, es uno de los funcionarios denunciados por Litvinenko como protector de Guennadi Petrov, considerado jefe de la mafia rusa en España, huido de la justicia española y refugiado en Rusia.

Lugovoi y Kovtun, señalados como principales sospechosos de haber matado a Litvinenko, reiteraron hoy, con distintos argumentos, su inocencia. El primero consideró la acusación una tontería y el segundo dijo que las pruebas son falsas.

El juez Owen –al realizar una investigación pública para reconstruir hechos que permitan esclarecer la muerte de Litvinenko, sin pretender sustituir un juicio que debería determinar y condenar culpables, similar a los ejercicios indagatorios realizados en Gran Bretaña ante cualquier muerte violenta, no natural o repentina de la que se desconocen las circunstancias– sustentó sus conclusiones en dos tipos de pruebas.

Por un lado, numerosos testimonios presentados durante las sesiones abiertas de la investigación y, por el otro, supuestos indicios, no revelados por su carácter secreto, que proceden de fuentes británicas de inteligencia que se sometieron a consideración del juez en las sesiones a puerta cerrada.

Pudo haber sido condenado por traición

De acuerdo con los códigos no escritos del espionaje ruso, Litvinenko cometió traición al trabajar para servicios secretos rivales y pudo haber sido condenado, en un juicio sumario a puerta cerrada, a la pena de muerte, pero no se tomó en cuenta que días antes de ser envenenado había adquirido la ciudadanía británica, por lo cual Londres considera que se trata del asesinato de un ciudadano suyo en suelo británico por agentes de un Estado extranjero.

Por ello, el ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña convocó esta tarde al embajador ruso en Londres, Aleksandr Yakovenko, para solicitarle que transmita a su gobierno que la conclusión de la investigación acerca de la probable participación del Estado ruso es profundamente alarmante y demuestra la indiferencia hacia la legalidad británica, el derecho internacional, los estándares de conducta y la seguridad de los ciudadanos británicos, lo cual complicará aún más la relación bilateral, minará la confianza, y perjudicará la reputación internacional de Rusia.

Al salir de la reunión, Yakovenko reviró: para nosotros es totalmente inaceptable que se plantee que el Estado ruso es de alguna manera culpable de la muerte de Litvinenko. Es una burda provocación de las autoridades británicas que sin duda afectará nuestra relación bilateral.