Zacatecas, Zac.

Entre gritos, reproches y división de opiniones terminó la primera asamblea pública en que directivos y técnicos de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula (Ceits) presentaron a los habitantes de la región limítrofe entre San Luis Potosí y Zacatecas la maqueta y los detalles del confinamiento de desechos industriales peligrosos.

En noviembre pasado la compañía, propiedad de José Cerrillo Chowell, dio a conocer el proyecto en la capital de San Luis Potosí, ante miembros de las cámaras de la construcción y la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre otros organismos.

Luis Rodolfo Rodríguez, uno de los representantes de Cerrillo Chowell, confirmó que aún no cuentan con todos los permisos federales y locales para hacer el tiradero tóxico, pero ya planean la construcción de la carretera que conducirá al vertedero.

Rodríguez –quien además es director del polémico proyecto de la Minera San Xavier en San Luis Potosí– y otros directivos de Ceits intentaron convencer del proyecto a los lugareños.

A las dos asambleas previas, realizadas en los poblados de La Victoria y Santo Domingo, ambos en San Luis Potosí, el 10 de octubre y el 13 de diciembre pasados, respectivamente, no acudieron representantes de la compañía.

La reunión se realizó el fin de semana en la comunidad Pozo de San Juan, municipio de Mazapil, Zacatecas. Acudieron decenas de campesinos de La Victoria, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, lo que incomodó a los representantes de la empresa.

Los campesinos potosinos serán los principales afectados con el tiradero, pues su ejido colinda con el rancho Palula, propiedad de José Cerrillo Chowell, donde se pretende confinar por 30 años un millón de toneladas de desechos tóxicos.

No se usará para desechos radiactivos ni infecciosos, dicen

Con una maqueta, planos y fichas técnicas, Alfredo Pozos, coordinador de proyectos ambientales del Ceits, expuso ante los campesinos de Mazapil y Santo Domingo que se trata de un proyecto ambiental para el manejo integral de residuos, que tendrán tratamiento previo para reducir su peligrosidad y confinarlos de manera segura.

El rancho Palula, refirió, es un predio particular de 14 mil hectáreas, pero el confinamiento sólo abarca 20.

Pozos aseguró: No se van a recibir residuos radioactivos ni biológicos infecciosos y habrá medidas para evitar que este tipo de desechos ingresen al confinamiento. Adelantó que la construcción del vertedero tardaría 12 meses y tendría un costo de 25 millones de dólares.

Luis Rodolfo Rodríguez intentó refutar las denuncias de los lugareños de que la empresa nunca realizó una asamblea pública para informar del proyecto, y ello invalidaría la manifestación de impacto ambiental que les otorgó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El representante de Cerrillo Chowell puntualizó que el proyecto se hizo público por Internet y aceptó que aunque inicialmente se consideró construir el acceso al confinamiento por San Luis Potosí, ante la oposición de las comunidades de esa entidad pretendemos construir el acceso por Pozo de San Juan, lo que para la empresa tiene la ventaja adicional de que esta comunidad se localiza a 18 kilómetros de la autopista Zacatecas-Saltillo.

La asamblea en Pozo de San Juan subió de tono cuando el joven campesino Édgar Coronado, del ejido La Victoria, expuso sus preguntas e inconformidades. En nombre de su comunidad dijo: No estamos a favor de este tiradero de desechos tóxicos porque, en primer lugar, la empresa solamente presenta lo bonito.

Coronado aseveró que el permiso de cambio de uso de suelo entregado por el ayuntamiento de Santo Domingo el 3 de septiembre de 2012 es ilegal, se hizo en lo oscurito, a unos días de que concluyera la administración 2009-2012, y no lo autorizó el cabildo, sino solamente tres personas: el secretario, el síndico y el presidente municipal. Jamás se hizo una consulta pública.

Luis Rodolfo Rodríguez respondió: “Tenemos la autorización en materia ambiental; contamos con autorización federal de cambio de uso de suelo, y tenemos en proceso la autorización de la Semarnat para la operación y el confinamiento.

Del municipio (Santo Domingo) requerimos tres autorizaciones: licencia de uso de suelo, que está en proceso; licencia de construcción, y de funcionamiento, que se consigue cuando ya se tienen todas las demás.

Intentó rebatir a Édgar Coronado: “Si bien no podemos decir si ese documento se hizo bien o mal, existe. Fue tramitado y obtenido. Es de factibilidad, no la licencia de uso de suelo, porque cuando se tramitó no existía la autorización de cambio de uso de suelo federal ni de impacto ambiental. Tan fue así que las licencias se condicionaron a la obtención de las autorizaciones federales. No se hizo en lo oscurito”, insistió Rodríguez.

El joven campesino repuso:

–No existe ese documento. No está inscrito en las actas del cabildo de Santo Domingo.

–Bueno –replicó Rodríguez–, no podría responder porque yo no estoy en el cabildo.

–Pues ahí nos vemos en la vía legal –remató Coronado. Los ánimos se caldearon. Los habitantes de Pozo de San Juan avalaban al empresario, pero los campesinos de La Victoria aplaudían a Édgar Coronado.

En ese momento, un campesino de Pozo de San Juan, de nombre Saúl, tomó el micrófono y dijo: Bueno, ¿los de aquí que estamos haciendo? ¿Nomás como unos monos? ¡Entonces mejor nos salimos! ¡Aquí deben tener a una persona que ponga orden con esta gente de La Victoria! ¡Estaría bien que tuvieran un poquito de respeto, porque están en tierra ajena, aquí es Pozo de San Juan! Los asistentes comenzaron a salir del salón ejidal y la reunión acabó.