La firma de hojas en blanco continúa siendo una práctica utilizada por los patrones para renunciar al trabajador sin liquidación, así como la subcontratación y la firma de contratos de protección para evadir el otorgamiento de seguridad social a sus empleados, informó la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Darlene Rojas Olvera.

La globalización económica, señaló, impulsa esta situación, pues “el ingreso y egreso de trabajadores queda a conveniencia de las propias empresas, permitiendo un aumento de las llamadas outsourcing (subcontratistas) y en el número de demandas en general, que el año pasado fue de 9 por ciento”.

Corporativos como Telmex o Bancomer, por ejemplo, tienen esa contratación de personal fuera de sus propias empresas, aunque en el caso de la telefónica la subcontratación que realiza, por conducto de Atento, cumple con las prestaciones establecidas en la ley, pero no es una situación generalizada, indicó.

Anunció que en la última semana de febrero comenzará el proyecto piloto de mejora de notificaciones con el uso de sistemas tecnológicos, y reconoció que continúa siendo una constante la firma de hojas en blanco, que luego son utilizadas por los patrones para las renuncias de los trabajadores.

Darlene Rojas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y ArbitrajeFoto Luis Humberto González

La contratación de personal por empresas que desaparecen es otra situación que la JLCA enfrenta, a la cual, estimó, se sumará la reducción de personal y/o cierre de empresas que realizan transacciones en dólares o utilizan productos derivados del petróleo, por el alza de la moneda y la baja del barril, indicó.

Hoy, destacó, se tienen 98 mil asuntos en trámite, luego de la depuración de expedientes de 2008 hacia atrás que no fueron actualizados, lográndose archivar 35 mil contratos que, suponemos, en su mayoría eran de protección.

Dicha práctica continúa después de muchos años, justificada de alguna manera por la parte patronal, que si no los utiliza es sujeta a extorsiones, por lo cual estamos proponiendo la realización de un foro en mayo, donde podamos elaborar una propuesta para contrarrestar estos contratos, dijo.

Con la elaboración de nuevos manuales de procedimiento se buscará agilizar además la resolución de expedientes en trámite y reducir la carga de trabajo que tienen 18 juntas, de entre 5 mil y 7 mil casos, lo que lleva un año y medio, en promedio, resolver un caso colectivo, y tres años y medio uno individual.

Mencionó que ello provoca que algunas veces el demandante desista, cuando en la mayoría de las resoluciones gana el trabajador.