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Denuncia profesor doble sanción por supuestas faltas injustificadas
 
Periódico La Jornada
Sábado 6 de febrero de 2016, p. 13

Con una notificación que fue entregada casi un mes después de haber sido emitida, el profesor José González Figueroa denunció que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Afsedf) pretende aplicar de forma retroactiva la Ley General del Servicio Profesional Docente para sancionarme por supuestas faltas injustificadas, que ya me fueron descontadas del salario.

Con 75 años de edad y cinco décadas de maestro de historia en nivel secundaria, agregó que durante su trayectoria docente nunca he recibido una sola sanción, queja o llamada de atención por el incumplimiento a mis tareas educativas. Esta medida es parte del clima de terror con que se pretende imponer la reforma educativa.

González Figueroa destacó que este jueves recibió un oficio, fechado el 12 de enero, donde se le informó que “por su conducta, ha infringido el artículo 76 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, publicada en el DOF el 11 de septiembre de 2013”, por lo que cuenta con 10 días hábiles para presentar documentos de prueba en su descargo.

El citado artículo asienta que, a fin de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el personal docente, directivo y con funciones de supervisión que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada, “será separado del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades.

Se trata de una medida –afirmó González Figueroa, quien desde 1968 fue parte del equipo fundador de las telesecundarias en México– que violenta todos los derechos laborales de los docentes, porque ya fui sancionado una vez, y ahora se busca sancionarme dos veces. Por ello, agregó el también fundador e la Coordinadora Nacional de Trabajadores e la Educación, interpuse el amparo correspondiente, porque mis condiciones de contratación son las establecidas en 1965, y la ley también es muy clara en que no se puede aplicar de forma retroactiva.