Opinión
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Pasta de Conchos, 10 años de impunidad
Napoleón Gómez Urrutia
H

ace 10 años, el 19 de febrero de 2006, ocurrió una de las peores tragedias en la historia de la minería en México. La explosión de la mina 8 de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida 65 trabajadores y otros nueve más sufrieron quemaduras graves porque no fueron ni rescatados ni atendidos debidamente por la compañía Grupo México, del insensible empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.

En ese momento califiqué el caso de homicidio industrial debido a la irresponsabilidad y la negligencia criminal de la empresa, al negarse a recuperar a los 65 mineros y suspender las actividades de rescate al quinto día de iniciadas, sin saber si los trabajadores estaban con vida o sin ella, con el sufrimiento profundo de sus familias. Con su inhumana decisión, pues ni en las guerras se deja a los caídos en las batallas, Grupo México y Larrea pretendían cobardemente evitar que se presentaran más de 65 denuncias penales en su contra, ya que en su arrogancia jamás corrigieron las condiciones de inseguridad que prevalecían en la mina y que fueron reportadas insistentemente por los miembros de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. El Sindicato Nacional de Mineros constantemente exigió su corrección inmediata, pero con su actitud miserable y prepotente, el cuerpo directivo de la empresa, encabezado por Germán Larrea y Xavier García de Quevedo, se negó a realizarla.

2006 era el último año de la administración de Vicente Fox y de su esposa Marta Sahagún, ambos con intereses y complicidades claramente exhibidas y reconocidas con Larrea y su empresa a través, entre otros casos, de la Fundación Vamos México, creada especialmente para recabar grandes recursos de ese y otros empresarios que contribuirían a engrosar el fondo de retiro del futuro ex presidente y su protagonista esposa. Por supuesto que en esas donaciones y contribuciones Germán Larrea, Alberto Bailleres González, Alonso Ancira Elizondo, Julio Villarreal Guajardo y muchos más obtendrían el encubrimiento y la protección necesarios para cometer toda clase de abusos y violaciones al estado de derecho, sin que hubiera quien las pudiera denunciar y enjuiciar, pues desde entonces han estado totalmente en situación de impunidad lacerante para la sociedad y no solamente para los trabajadores.

Con la llegada del PAN al poder con Vicente Fox y la elección de Felipe Calderón a la Presidencia, como él mismo la describió, haiga sido como haiga sido, la inseguridad, la corrupción y el tráfico de influencias se aceleraron enormemente. Las aportaciones de los empresarios señalados, que fueron utilizadas para financiar las campañas políticas o los oscuros negocios y fondos de beneficio personal fueron compensadas con concesiones mineras, de gas, electricidad, petróleo, desarrollos turísticos y otras más, aceptando los gobiernos panistas la imposición de funcionarios públicos a su medida y escogidos precisamente para salvaguardar y acrecentar los intereses empresariales de esos mismos aportantes.

Así padecimos a varios secretarios de Estado en los gobiernos panistas y miembros de los poderes Legislativo y Judicial designados o impuestos, que provenían de ese grupo de oportunistas, mercenarios y traficantes de influencias en busca de negocios personales sin escrúpulos, ninguna calidad moral o ética profesional. Para mencionar a algunos que tuvieron una grave responsabilidad en la tragedia espantosa de la mina de Pasta de Conchos, tenemos a Francisco Javier Salazar, ex secretario de Trabajo de Fox, quien era un proveedor activo de productos químicos para Larrea y Grupo México en sus empresas personales ubicadas en San Luis Potosí. Su yerno era el delegado de la Secretaría del Trabajo en Coahuila cuando ocurrió la explosión y la trágica muerte de 65 trabajadores mexicanos, 63 de los cuales hoy todavía permanecen insepultos y abandonados en el fondo de la mina, a sólo 120 metros de profundidad. Además, el hijo de Salazar del mismo nombre fue designado por Fox el primer presidente de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, que es la que otorga las concesiones para la explotación de gas, siendo Grupo México el beneficiario y receptor principal de la primera concesión el mismo año de la tragedia en 2006.

Después Calderón nombró al nefasto Javier Lozano Alarcón como el siguiente secretario del Trabajo para encubrir más a Larrea y a Grupo México. Lozano se disputa con Salazar el no muy honroso cargo de haber sido los peores secretarios de esa dependencia en la historia de México. Eso sí, según se comentaba en los círculos políticos, estaba en la nómina de Grupo México y era, es y será el encargado de proteger la irresponsabilidad criminal de Larrea y de su ex jefe Felipe Calderón. Fue también el coordinador de campaña del segundo y su recolector de fondos como aquellos 205 millones de dólares del chino Zhenli Yegón (a quien le dijo coopelas o cuello), que se esfumaron y nadie supo dónde quedaron. En las elecciones federales de 2012, Lozano fue impuesto senador por Puebla para cubrir la espalda de Calderón y la suya propia.

Y el otro caso de vergüenza pública fue la designación de Fernando Gómez Mont, el abogado penalista de Larrea, que sigue cumpliendo esa función para el mismo empresario y que llegó a ocupar la Secretaría de Gobernación, o como se menciona en el ambiente político, la vicepresidencia virtual de México. Gómez Mont hizo todo y lo sigue haciendo desde la misma trinchera para encubrir a Larrea y atacar a todos los que se opongan o representen un reto a sus intereses. Su abyección y su servilismo degradan y ensucian la profesión del derecho y la aplicación correcta de la justicia que tanta falta hace en México. En la misma situación están los ex procuradores de la República Eduardo Medina Mora, Daniel Cabeza de Vaca, Jesús Murillo Karam; el subsecretario del Trabajo actual Rafael Avante, y otros más.

Hoy, 10 años después, por culpa de esos personajes inmorales, improvisados y perversos, siguen abandonados 63 cuerpos de los trabajadores mineros, ya que nunca se hizo el intento serio de rescatarlos, como en el caso de los 33 mineros de Chile, el cual constituyó un triunfo moral, humano y político de los trabajadores, los sindicatos, las familias, la empresa y el gobierno conservador de Sebastián Piñera de ese gran país latinoamericano. En México nunca se ha hecho una investigación profesional e independiente de la tragedia, las causas que la motivaron, y mucho menos el intento de castigar a los responsables con todo el peso de la ley. Tampoco se ha indemnizado a las viudas y familiares con justicia y dignidad, que es una inmensa deuda social de Grupo México y de los gobernantes de la República, la cual sigue pendiente y sin saldar.

La pregunta al gobierno actual es hasta cuándo se dará cumplimiento a la demanda del rescate, la compensación justa y digna a las familias y el castigo a los responsables. ¿Cuántas tragedias humanas más tienen que suceder para que se haga justicia y se termine con la impunidad? Sería magnífico que el gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto dé una solución definitiva a esta injusta situación.

Y esto, en el contexto de la visita a México de ese gran hombre, el papa Francisco, que ha hecho claras propuestas, no sólo de paz y reconciliación, sino también de justicia, respeto y dignidad hacia los que tienen menos y están más abandonados. La imagen de México crecería enormemente si siguieran y honraran el llamado del Papa hacia la superación humana. Ya basta de impunidad.