El agua debe considerarse como un bien público, social y cultural inalienable, inembargable y esencial para la vida, por lo que debe prohibirse toda forma de privatización del líquido, mientras que su abastecimiento a los ciudadanos debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, establece la propuesta de redacción del apartado social de la constitución de la Ciudad de México que entregó ayer el Consejo Económico y Social de esta entidad al mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la asamblea general de este organismo.