El gobierno mexicano refutó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque –dijo– ‘‘no refleja la situación general del país, parte de premisas y diagnósticos erróneos y la metodología utilizada por el organismo regional tuvo un sesgo inicial’’.

En un comunicado conjunto, emitido por las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como por la Procuraduría General de la República (PGR), aduce que el reporte de la CIDH ‘‘desestimó o recogió sólo parcialmente’’ información que el Estado mexicano le entregó durante y posteriormente a la visita de sus comisionados en septiembre y octubre de 2015.

‘‘Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten.

‘‘Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el gobierno de la República ha impulsado en los últimos años’’, aseguró.

La CIDH emitió ayer un informe final en el cual advierte acerca de la persistencia de impunidad y violencia en México, lo cual se evidencia, indica, en miles de casos de desapariciones, torturas y muertes. Asimismo, califica de insuficiente la respuesta del Estado ante graves violaciones a los derechos humanos.

En su respuesta, el gobierno federal indica que ‘‘toma nota de las recomendaciones’’ y analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda. Sin embargo, en todo el comunicado subraya su inconformidad con lo expuesto por los autores del informe, invitados en 2015 por el gobierno mexicano. Incluso menciona la reciente renovación de la CIDH como una oportunidad de fortalecer el diálogo en esta instancia para que sus comisionados cuenten con ‘‘información balanceada y confiable’’.

El gobierno argumenta que en repetidas ocasiones se solicitó a la comisión sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. ‘‘Desafortunadamente, el informe publicado no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la comisión (en diciembre pasado), además de que ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita al país en 1997’’, señaló.

En cuanto a la metodología de la Comisión Interamericana, el gobierno dijo que ‘‘en lugar de valorar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento’’.

Dicho ‘‘sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas’’, agregó.

El Estado mexicano –afirmó– trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia.

Alega que el informe no recoge la cooperación de México en las reuniones regionales y menciona parcialmente los avances del país como iniciativas de ley, la creación de la fiscalía especializada de búsqueda de personas, el esquema de atención a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la promoción en materia de transparencia.