Política
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Bertilia Parada de Osorio

La decisión da esperanza a quienes buscan justicia
 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2016, p. 7

Bertilia Parada de Osorio, madre de Carlos Alberto Osorio Parada, uno de los 120 migrantes asesinados en la región de San Fernando, Tamaulipas, entre 2010 y 2011, dijo que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la haya reconocido como víctima constituye una esperanza para ella y para todos los centroamericanos y mexicanos que merecen justicia.

Entrevistada ayer al término de la sesión de la primera sala del máximo tribunal, donde por primera vez se reconoció como víctima a una persona extranjera (salvadoreña), Bertilia dijo visiblemente emocionada que hay muchas esperanzas de que se haga justicia a los migrantes centro y sudamericanos que han muerto en México en su camino hacia Estados Unidos.

Sin embargo, instó a los ministros a que en el engrose definitivo del amparo que le concedieron se reconozca que la muerte de su hijo no fue un hecho aislado y que se trató de un delito grave de lesa humanidad. Precisó que solicitará la reparación del daño una vez que haya sentencia definitiva del asunto.

–¿Tiene algún mensaje para los miles de centroamericanos que, como su hijo, buscan cruzar el territorio mexicano en su viaje a Estados Unidos?

–Yo les diría que no lo hagan, pero igual lo van a hacer. Lo van a hacer por la zozobra que vivimos los centroamericanos y la pobreza.

En tanto, Ana Lorena Delgadillo, quien representa legalmente a 16 familiares de migrantes asesinados en San Fernando, procedentes de Guatemala, El Salvador y Brasil, reveló que después de casi cinco años apenas el pasado miércoles acudieron a Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar estudios que confirmen que los restos de sus familiares, que les entregó el gobierno mexicano, son efectivamente de ellos.

La representante legal de Bertilia Parada señaló que tuvo que solicitar, en nombre de las víctimas, amparos contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque no las reconoció como víctimas y tampoco señaló que lo ocurrido en San Fernando fue un delito grave de lesa humanidad. Demandas que están en curso.