En México hay 13 mil 327 menores de edad procesados por cometer un delito, quienes no cuentan con un apoyo integral para su atención y reinserción social, advirtieron funcionarios y especialistas en la materia.

De los poco más de 13 mil adolescentes que cumplen una medida, poco menos de 10 por ciento (3 mil 761) cumple sentencia privado de la libertad.

La mayoría (11 mil 245) está acusado por delitos del fuero común y 2 mil 82 por cargos del ámbito federal; 94 por ciento son varones y 6 por ciento, mujeres. Las entidades con mayor población de este tipo son Jalisco, Sonora y Chihuahua, acorde con datos de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, difundidos ayer en esta dependencia, durante una mesa de reflexión sobre adolescentes que cometen delitos graves en México.

Raquel Olvera, coordinadora del comité técnico para adolescentes en conflicto con la ley, dijo que si bien hay avances en cuanto a objetivos de atención a los jóvenes en esta condición, no hay un presupuesto específico para ellos en los penales y tampoco personal especializado. En tanto, la atención integral sicológica y social para ellos y sus familias es escasa y sólo se han puesto en marcha en proyectos piloto o aislados.

La duración de la estancia de los muchachos en las cárceles es también un tema pendiente de definir en el país. En Aguascalientes, por ejemplo, la pena máxima para un adolescente es de 21 años de prisión, mientras que en Morelos es de tres.

Es un tema complejo, añadió Olvera, porque la propia sociedad nos exigió que hubiera medidas más graves para esos adolescentes que cometían conductas delictivas con violencia excesiva; la pregunta es ¿cómo vamos a atacar ese fenómeno? Si ingresa un joven (a la cárcel) a los 16 años y lo vas a tener 21 años en privación de libertad es una locura.

Ante la falta de un contexto legal federal (el tema se discute actualmente en el Senado), cada entidad federativa diseñó el alcance de sus normas. Por tanto, dijo, es necesario crear un sistema de atención para adolescentes en esta condición, instituciones, organismos, una política definida para esa población y la capacitación especial de las personas responsables.

Asimismo, homologar la atención y esquemas claros de intervención individual para esta población. Por ejemplo, en Jalisco ningún adolescente en esta situación es encarcelado; es decir, cumplen su medida en externamiento.

Del total de jóvenes, 123 son indígenas (todos hablan español), 17 son discapacitados, 57 son extranjeros (Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala), cinco jóvenes con enfermedades infectocontagiosas y 161 mujeres (nueve atienden en los centros a sus hijos).

Elena Azaola, experta en el tema y autora de un reciente diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México, dijo que de 2014 a la fecha no ha habido avances sustanciales, pese a que hay propuestas específicas en la materia.

Todavía no se ha logrado avanzar, a pesar de que la subsecretaría (de Prevención de Gobernación) dijo que canalizaría recursos y programas; por todos los cambios que ha habido en esa dependencia durante el año pasado, no se logró supervisar la aplicación correcta de recursos, dijo.

Subrayó que no se ha invertido recursos suficientes en la capacitación del personal a cargo de los adolescentes en conflicto con la ley. Tiene que haber un programa integral de atención; hay muchas cosas qué hacer en cuanto a educación y capacitación para el trabajo (de los jóvenes). Los chicos tienen muy pocas actividades (en su internamiento) lo cual es una pena.