El juzgado decimotercero de distrito otorgó la noche del pasado martes una suspensión de plano (se concede en caso de inminente destierro y/o para frenar casos de tortura, tratos crueles o degradantes) al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, preso en el penal federal del Altiplano, quien alegó, por conducto de un abogado, que es víctima de agresiones sicológicas que ponen en peligro su estabilidad emocional y su vida.

Esta suspensión forma parte de una serie de peticiones de amparo que han tramitado en las tres semanas recientes los abogados de Guzmán Loera, lo que al parecer contradice las declaraciones que han hecho a diversos medios de comunicación, de que El Chapo ha dado indicaciones a su equipo de defensores para que gestionen una extradición inmediata a Estados Unidos.

José Refugio Rodríguez Núñez, uno de los abogados de Guzmán Loera, sostuvo en diversas entrevistas a medios de comunicación que tras una nueva visita que realizó al penal del Altiplano, El Chapo le solicitó tramitar la extradición, porque ya no soporta la situación que vive en el penal.

Platiqué con él y me pidió, me suplicó, que buscara lo más rápido posible tramitar la extradición, porque ya no soporta la situación que vive aquí, indicó el abogado en una de las entrevistas.

De acuerdo con Rodríguez Núñez, los defensores de El Chapo iniciarán los trámites necesarios para que se realice la extradición del capo a Estados Unidos.

Sin embargo, el abogado no precisó en las entrevistas que el procedimiento de extradición al que está sujeto Guzmán Loera puede tardar al menos un año antes de que concluya en todos sus terminos, ya que la Constitución mexicana impide una entrega inmediata, en la que no se hubieran agotado todas las etapas del procedimiento.

La suspensión en vía de amparo más reciente que obtuvo Guzmán Loera obliga a las autoridades penitenciarias a detener los actos de hostigamiento contra El Chapo, debido a que cada cuatro horas, tanto en el día como durante la noche, es requerido por los custodios, amén de que se ubicó una luz dentro de su celda que no se apaga en ningún momento.

Este es el séptimo amparo, con su respectiva suspensión, que tramita y obtiene Guzmán después de su reaprehensión en Los Mochis, Sinaloa.

Por otra parte, un tribunal federal confirmó la formal prisión en contra del empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández, a quien se imputa haber lavado dinero en la compra de 10 vehículos que fueron utilizados para la fuga de Guzmán Loera del penal del Altiplano.

Trillo Hernández, internado también en el penal del Altiplano, está acusado del delito de lavado de dinero por la adquisición de 10 vehículos de distintas marcas y modelos utilizando al menos dos nombres falsos. Las compras ocurrieron entre enero de 2012 y abril de 2015.

La PGR había señalado públicamente al empresario de haber financiado la fuga de El Chapo Guzmán del penal del Altiplano, el 11 de julio pasado, pero en el expediente consignado en su contra no se le atribuyeron esos hechos.