n un sistema cerradamente presidencialista, con tantas evidencias e indicios de que en la cúpula del poder no hay apertura ni voluntad política para esclarecer lo sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala y sus alrededores, resulta desalentadora, y aberrante desde el punto de vista jurídico, la declaración periodística de Enrique Peña Nieto (EPN) en el sentido de que no se puede ni señalar, ni siquiera pretender culpar al gobierno federal de tener que ver con ese tema muy lamentable.

Una cerrazón de ese tamaño fulmina la esencia de los procesos de procuración y administración de justicia y pretende instalar (aunque el propio EPN cursó la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana) un virtual estado de ausencia de derecho, en el que a los ciudadanos les sea prohibido señalar o siquiera pretender que los gobernantes puedan ser responsables de determinados hechos culposos. Grave y altamente significativa es esa intención peñista de declararse a salvo de determinados señalamientos o pretensiones justicieras sólo al amparo de la palabra propia, autoexonerado el aparato gobernante en pleno a partir de la emisión autoritaria de condenas hasta al mero pensamiento hipotético en contra. Según la Doctrina Peña, las gobernantes partes acusadas o cuando menos sujetas a investigación podrían determinar qué es lo que en este México de la injusticia y la impunidad dominantes se puede señalar o pretender.

La expedición de un certificado de inocencia por sí mismo fue hecha por Peña Nieto en el curso de una entrevista con Francisco Santiago, director editorial de El Universal. Cuando se le preguntó sobre el caso Ayotzinapa, el ocupante de Los Pinos advirtió de una manera extraña que con honestidad, es el primer tema en el que sí tengo una posición muy clara. La expresión del mexiquense permite entender que en otros temas nunca antes ha logrado posiciones muy claras.

En otra entrevista, publicada también ayer, con el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, conductor además de noticieros de radio y televisión del Grupo Imagen Multimedia, Peña Nieto se quejó de enormes distorsiones respecto del empeño real y genuino del gobierno de la República por llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa. Esgrimió como muestra de ese empeño real y genuino el que su gobierno, el federal, se hubiera ocupado de un tema tan sensible y trágico como lo ocurrido en Iguala, de que la Procuraduría General de la República hubiese atraído la atención de ese tema que pudo haberse quedado en el orden local y lo atrajo al involucrar o al tratarse del crimen organizado y de buscar hacer toda una averiguación, profunda, seria.

¿Cree EPN que su gobierno hizo una gran concesión al atraer esa investigación que, según sus palabras, pudo haberse quedado en el orden local? ¿De verdad cree Peña Nieto que un caso de tal magnitud, con tales elementos y circunstancias, podría haberse quedado en manos de las autoridades de Iguala o de Guerrero? Es insensato ofrecer como muestra de generosidad o bonhomía el haber atraído al nivel federal el caso Ayotzinapa que, según señaló en otra parte de la entrevista con Beltrán del Río, es un tema yo creo muy trastocado, con mucha opinión y que yo creo ha distorsionado mucho el trabajo serio, profundo y cuidadoso que la procuraduría ha venido haciendo.

El par de entrevistas se produjo sin motivo aparente a la vista. Ninguna conmemoración o punto de referencia que justificara el hacer un balance de la gestión de Peña Nieto por propia voz. Pareciera que en Los Pinos se hubiera buscado difundir puntos de vista (respuestas) sobre los ataques continuos de Donald Trump a México y, para eso, se hubiese envuelto tal intención internacional en un abanico de temas que incluyó a El Chapo, el futurismo electoral, los problemas económicos y sociales del país y Ayotzinapa.

El tribunal electoral federal ordenó retirar las grabaciones de Morena en las que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, critica el nuevo avión presidencial y al gobierno de EPN. Según los magistrados electorales, en esas emisiones hay una promoción personalizada del tabasqueño, quien, como es ampliamente sabido, es un virtual candidato a la Presidencia de la República. Aun cuando son personas en lo particular, y no partidos o candidatos los promoventes de la queja sobre la que tomó decisión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con ella se da paso a las insistentes presiones de adversarios de Morena, sobre todo el PRI, y en particular su dirigente, Manlio Fabio Beltrones, para frenar la constante exposición de AMLO en tiempos o formatos oficiales, como acompañante fotográfico permanente de abanderados de su partido a diversos cargos o en propuestas televisivas y radiofónicas.

El movimiento del TEPJF sobre el tablero de la propaganda electoral puede ser el inicio de un proceso de acotamiento de los espacios disponibles para la promoción de una candidatura presidencial aún informal que carece de los medios y recursos de sus principales contrincantes, aún no definidos por las maquinarias de sus partidos pero que indudablemente serán beneficiados en su momento por una acumulación de medios, no solamente lícitos, sino en su mayoría todo lo contrario, que a fin de cuentas acabarán delineando una competencia desventajosa para López Obrador. Las maniobras previsibles de contención propagandística al ex jefe del gobierno capitalino forman parte del contexto repetitivo de una lucha electoral con reglas tan injustas como sabidas a las que se somete Morena en el contexto aceptado del vigente sistema de partidos.

Y, mientras el mexiquense Ernesto Nemer (antes afamado por el episodio del bolerito en San Cristóbal de las Casas) conmueve a los más escépticos al anunciar su heroica decisión de incluso hacer cola en las tortillas para platicar con la gente a la que no le alcanza para comprar un kilo, o que padece alzas en la electricidad y el teléfono, decidido el funcionario a convertir la Profeco en procuraduría federal de las colas, ¡hasta mañana!

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