Sao Paulo.

Al continuar la presión judicial contra el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, la fiscalía de Sao Paulo lo acusó este miércoles de los delitos de estafa, falsedad ideológica, organización delictiva y lavado de dinero, informaron medios locales.

Horas antes, el ex gobernante dijo que es víctima de una persecución política, aunque valoró positivamente que lo hayan obligado a declarar el viernes pasado ante la justicia por sospecha de estar implicado en el esquema de corrupción de Petrobras, al considerar: si me encarcelan me convierto en héroe, si me matan me transformo en mártir, y si me dejan suelto, vuelvo a ser presidente.

El fiscal Cassio Conserio presentó la denuncia penal, que involucra también a la esposa de Lula, Marisa Leticia; a Fabio Luiz, uno de sus hijos, y otras 13 personas. Los supuestos delitos están vinculados a la presunta compra oculta por el ex mandatario de un tríplex en el un balneario de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, del que Lula ha negado en reiteradas ocasiones ser el propietario, aunque tuvo la opción de comprarlo.

Hay una denuncia contra Lula, pero todavía no tenemos los detalles. Mañana (jueves) habrá una rueda de prensa, indicó una fuente.

La denuncia deberá ser valorada ahora por un tribunal del estado de Sao Paulo, que decidirá si el ex presidente (2003-2010) es acusado formalmente.

Este caso no tiene relación con el del viernes pasado, cuando la policía federal allanó la casa de Lula. El también cofundador del gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) fue llevado ese día a la fuerza por los agentes al aeropuerto metropolitano de Sao Paulo, donde fue sometido a un interrogatorio que se prolongó unas cuatro horas.

El juez Sergio Moro, a cargo de la Operación Lavado Rápido, que investiga la trama de corrupción en Petrobras, fue quien ordenó la medida coercitiva contra Lula, al sospechar que el departamento de Guarujá fue entregado a Lula como soborno dentro del esquema de Petrobras, aunque en el interrogatorio el ex mandatario fue cuestionado incluso por botellas de vino importado que tenía.

El Ministerio Público de Sao Paulo sospecha también que el departamento de Guarujá pertenece a Lula, aunque oficialmente aparece como posesión de la constructora OAS, una de las firmas involucradas en el fraude a Petrobras investigado por la Operación Lavado Rápido radicada en la justicia de Curitiba.

Los investigadores de Lavado Rápido sospechan también que OAS habría entregado departamentos del mismo desarrollo inmobiliario en Guarujá en pago de sobornos a cambio de contratos con la petrolera.

Inmediatamente, el Instituto Lula, fundación que gestiona las comunicaciones del ex presidente, se apresuró a rechazar las acusaciones en un comunicado en el que se negó la propiedad del departamento por la familia Lula da Silva y, por tanto, cualquier irregularidad, ya que en ningún momento habrían recibido cualquier pago por sus supuestos delitos.

El ex presidente Lula no es propietario ni del tríplex en Guarujá ni de la finca en Atibaia. No cometió ninguna irregularidad, presentó su defensa y los documentos que lo prueban al fiscal Cassio Conserino. La denuncia sólo refuerza la necesidad de que el Tribunal Supremo Federal (TSF) evalúe la competencia de la investigación hecha por el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público de Sao Paulo, agregó.

El pasado 26 de febrero la defensa de Lula solicitó al TSF la suspensión de las investigaciones realizadas en su contra tanto en el Ministerio Público Federal como el Ministerio Público de Sao Paulo al señalar que no podía existir una duplicación de las investigaciones sobre el departamento de Guarujá.