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Es creciente la criminalización de su actividad, señalan organizaciones sociales

Presos, 350 opositores a megaproyectos; la estrategia empresarial, fabricar delitos

Las acciones, también encaminadas a provocar temor entre los grupos para inhibir su participación

José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2016, p. 16

Por acompañar a movimientos sociales en lucha contra la privatización y despojo de los recursos naturales, los defensores civiles de derechos humanos enfrentan hoy una estrategia de fabricación de delitos de prisión oficiosa, tales como secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio y robo con violencia, en una creciente criminalización de su actividad.

En un modelo que se generaliza y reproduce en el país, los grandes consorcios empresariales que están detrás de los megaproyectos de desarrollo, así como autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en colusión con instancias de procuración de justicia y hasta con el crimen organizado, han optado por este camino para debilitar la resistencia de estos movimientos, principalmente de campesinos e indígenas, pero que también se da en zonas urbanas.

Con el cruce de información de diversas centros de derechos humanos y colectivos, se estima que cuando menos 350 personas defensoras están presas o tienen giradas órdenes de aprehensión por estos delitos, considerados graves y que les impiden obtener la libertad bajo fianza.

A esta cifra de defensores recluidos en prisión se suman los 25 homicidios cometidos en su contra en los pasados cinco años, las tres desapariciones documentadas de 2009 a la fecha, y a las casi 400 denuncias en los 10 años recientes, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Para Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema); Gustavo Lozano, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), y José Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, esta fabricación de delitos en contra de los defensores civiles que acompañan a los movimiento de lucha por el agua, territorio, bosque y recursos naturales se generaliza en el país, en medio de las miles de denuncias de hostigamiento, acoso y amenazas.

Explican que la finalidad de esta estrategia global, que se da también en países de América Latina, es debilitar a quienes se oponen a estos megaproyectos, ya sea porque los acusados se ven obligados a huir o actuar en la clandestinidad, o los movimientos sociales se ven precisados a distraer recursos y fuerzas en la disputa legal por liberar a sus líderes o asesores. Pero esta acción también está encaminada a provocar temor entre otros grupos y personas que quieren participar.

José Antonio Lara, del Centro Zeferino Ladrillero, señaló que su organización, que trabaja en varios estados del centro del país, tiene documentados, tan sólo en el estado de México, 47 casos de defensores de derechos humanos recluidos o con órdenes de aprehensión, la mayoría por su lucha contra proyectos de infraestructura.

Aunque la lista de entidades donde se aplica esta estrategia es larga, los estados de mayor riesgo para los defensores civiles son Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, estado de México, Puebla, Chiapas, Veracruz, Sonora y Coahuila.

Esta práctica de fabricación de delitos ya es denunciada en los recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Misión de Observación Mundial, convocada por 11 organizaciones nacionales e internacionales. Se observa una clara tendencia de recurrir al sistema judicial para obstaculizar el trabajo de las defensoras civiles y estigmatizarlas con procesos penales sin evidencia sólida, manteniéndolos incluso en prisión, indica el informe 2015, coeditado por la Unión Europea.

En su recomendación general 25, sobre los agravios a los defensores civiles, la CNDH señaló la urgencia de poner atención a estos casos, especialmente en aquellos cuya labor de defensa se relacionan con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, y que son promocionados por la iniciativa privada o los gobiernos federal o estatales, con una afectación directa de pueblos o comunidades indígenas.