La falta de comprobantes en más de 871 millones de pesos que el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) aplicó en subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, monto que equivale a 16 por ciento de su presupuesto anual, fue justificada por Alejandro González Hernández, coordinador general de planeación, estrategia y evaluación del organismo, como un problema de actualización de cifras por la complejidad que, dijo, tiene el Fondo Nacional del Emprendedor (FNE).

Entrevistado sobre las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en el ejercicio presupuestal 2014, como falta de informes finales sobre proyectos financiados por el Inadem o de registros bancarios sobre la entrega de subsidios, así como una diferencia entre las mipymes que reportó que fueron creadas a las documentadas en realidad, el funcionario aseguró que cuando se levantó la auditoría muchos proyectos no concluyeron o bien a algunos se les concedió aplazar el cierre.

Como somos un fondo de promoción de empresas siempre tratamos de escuchar sus necesidades, dijo. Así que se atiende cada caso porque suele suceder que las mipymes enfrenten problemas para ejecutar proyectos, como cambios en cotizaciones de proveedores, todo lo cual tienen que notificar al Inadem para autorizar modificaciones y que no pierdan los recursos, pero ello deriva en retrasos.

Aseguró que el Inadem tiene hasta la segunda semana de abril para responder cada observación de la ASF y no dejaremos ningún caso pendiente.

En su edición del lunes pasado, La Jornada dio a conocer que la ASF detectó 14 casos que en conjunto concentraron 871.7 millones de pesos del presupuesto de hace dos años del FNE que carecían de evidencia documental o comprobatoria, registros o informes completos sobre la aplicación de subsidios. La cantidad equivale a más de la mitad de la muestra por mil 636.6 millones de pesos que la ASF auditó del Fondo Nacional del Emprendedor a cargo del Inadem, principal organismo del gobierno federal que apoya a la mipymes y que depende de la Secretaría de Economía (SE).

También explicó por qué la diferencia de cifras entre las 5 mil 825 mipymes que el Inadem informó que se crearon en 2014, cuando en su base de datos sólo se identificaron 4 mil 207, es decir, 44.6 por ciento menos. Los proyectos son aprobados por el consejo directivo y entonces queda consignado cuántos recursos recibirá la empresa responsable, pero si al final de cuentas no se concluye el trámite ni se ministran los recursos o éstos son devueltos, entonces también se modifica el número de mipymes registradas en principio.

Si bien González Hernández no refutó los hallazgos y observaciones hechas por la ASF, pues consideró que el organismo registró adecuadamente cuando los proyectos no han concluido y cuestiona la aplicación de los recursos públicos, enfatizó que muchas de las irregularidades señaladas se han resuelto desde que el Inadem fue notificado al respecto, pero no precisó el número de casos solventados ni cuánto dinero involucran.

Como parte de la complejidad que González Hernández atribuye a la aplicación de los recursos públicos para las mipymes destacó que en el año auditado por la ASF, es decir, en 2014, el Inadem aprobó 34 mil proyectos y el año pasado fueron casi 25 mil.

El funcionario afirmó que de darse casos en que las mipymes o los organismos intermedios no acrediten debidamente la aplicación de los recursos, entonces se fincarán responsabilidades si no los devuelven, pero acotó que tal información sólo se entregará a la ASF y no se dará aconocer públicamente.