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Niega auditor que se busque encubrimiento

Investigan contratos de Higa con gobiernos
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de abril de 2016, p. 17

La Auditoría Superior de la Federación informó a la Cámara de Diputados que investiga los contratos otorgados por el gobierno federal y estados como Oaxaca al Grupo Higa y sus empresas asociadas para obras como el acueducto Monterrey VI, la ampliación del hangar presidencial y el penal de Tlacolula.

Durante la reunión para revisar el informe de la cuenta pública 2014, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, respondió a críticas de los legisladores y sostuvo: no hay intención de ocultar nada.

La diputada Alicia Barrientos (Morena) presentó información respecto de que, en respuesta a una solicitud para indagar la relación de Grupo Higa con Tradeco, el propio auditor Portal informó a la Comisión de Vigilancia que se tenía previsto practicar una auditoría al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), porque existen indicios de la participación del grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú en el proyecto de demolición del hospital Dr. Gonzalo Castañeda Escobar y la construcción de uno nuevo.

Al respecto, el director de Auditoría de inversiones físicas federales de la ASF, Celerino Cruz García, explicó que el contrato otorgado a Tradeco –asociado con Grupo Industrial Igsa, también de Hinojosa Cantú– no se ha llevado a cabo.

Desde que se hizo la licitación, no se ha concretado el contrato debido a muchísimos problemas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el financiamiento, y por sus problemas no hay banco que le quiera dar financiamiento. El proyecto no se ha terminado y los problemas son múltiples, indicó.

Cruz dijo a la Comisión de Vigilancia que el órgano fiscalizador realiza, a petición de los diputados, auditorías a los contratos en Monterrey VI, el penal en Tlacolula, el hangar presidencial, una concesión de carreteras. Hay muchas obras.

El penal de Tlacolula es un proyecto de mil 273 millones de pesos que el gobierno de Gabino Cué asignó de manera directa a un consorcio integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, una de las filiales de Grupo de Higa, y por Constructora Copora.