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También se deslinda de la denuncia contra Álvarez Icaza

Rechaza México nexos con una campaña de desprestigio al GIEI
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2016, p. 7

Washington.

El gobierno de México rechazó cualquier nexo con una presunta campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

‘‘Ningún funcionario del gobierno de México tuvo algo que ver con la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque’’ contra la comisión, afirmó aquí el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas.

Dijo que el segundo mandato del GIEI para coadyuvar en las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa concluye el próximo 30 de abril, aunque informó que la próxima semana una representación del gobierno mexicano se reunirá con los integrantes de la CIDH para debatir el siguiente paso sobre el tema.

Cualquiera que sea la decisión, ésta debe ser adoptada de manera conjunta por el Estado, las familias de las víctimas y la Comisión Interamericana. El presidente de la CIDH, el estadunidense James Cavallaro, indicó que el organismo ‘‘va a escuchar a las partes y tomar una decisión. El Estado no tiene decisión en este tema, sino insumos’’, dijo.

En la audiencia pública que este jueves se realizó en la sede de esta comisión, el subsecretario Ruiz Cabañas también rechazó que el gobierno mexicano tenga doble discurso debido a su posición crítica frente al reciente informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos que priva en el país.

‘‘No estamos de acuerdo con el diagnóstico porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia, son las organizaciones criminales las que la causan y el Estado mexicano ha debido responder haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición’’, apuntó.

Además, cuestionó el alcance global del documento, al indicar que varios temas quedaron fuera del mismo, ‘‘y por eso dijimos que era un informe incompleto, y lo reitero aquí’’.

De manera paralela, en la Ciudad de México, Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, y Ana Paola Barbosa, jefa de la oficina de la SRE, rechazaron que haya una ruptura con el grupo de expertos y dijeron que la administración federal lo seguirá apoyando en su trabajo hasta el término de su mandato que –insistió– es a finales de este mes.

En conferencia de prensa donde se dio a conocer la agenda de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Alemania y Dinamarca, Barbosa aseguró que hay un diálogo estrecho con los especialistas, y el gobierno continuará colaborando y apoyando sus investigaciones. ‘‘No hablamos nosotros de ningún tipo de ruptura’’, enfatizó. El vocero Sánchez destacó incluso que el pasado miércoles uno de los miembros del grupo se reunió con la procuradora general de la República, Arely Gómez.

Ruiz Cabañas explicó que la demanda de fraude por 2 millones de dólares contra el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza fue presentada por un particular. Informó que la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de investigar las denuncias que se presentan, ya anunció que la demanda fue desechada por no cumplir con los requisitos de ley, y ‘‘no como un acto político’’.

Aseguró que hay coincidencias del gobierno y la CIDH sobre algunas de las recomendaciones presentadas en el informe, e hizo notar la apertura del gobierno mexicano hacia los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.

‘‘Somos el Estado que más visitas recibe todo el tiempo a escalas interamericana e internacional, y eso no puede quedar en duda. Aquí estamos, nosotros solicitamos esta audiencia para abordar nuestros puntos de vista.’’

Por la noche, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la cancillería señalaron que durante la audiencia la representación del gobierno mexicano ‘‘reconoció públicamente la labor de los defensores de derechos humanos en el país como actores trascendentales en una sociedad democrática, y destacó el rol de la Comisión Interamericana y del grupo de expertos’’.