Diputados locales que el mes pasado avalaron la ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de México (PRI, PVEM, Panal, PRD, PAN, PT y MC) presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso para que los ministros determinen la constitucionalidad de ese ordenamiento, que ha generado rechazo de actores políticos y sociales.

El recurso fue signado por 51 de los 75 diputados que integran el Congreso estatal, quienes insistieron en que lo aprobado el pasado 17 de marzo por el pleno Legislativo no contraviene la Constitución, ni violenta las garantías individuales de los mexiquenses.

El objetivo de la ley es limitar y regular el uso de la fuerza pública, acotó Juan Zepeda Hernández, coordinador de los diputados del PRD. Ni criminaliza la protesta social ni se vulnera ningún derecho, refirió.

El líder del Congreso local, el priísta Cruz Juvenal Roa, reiteró que los diputados están seguros de que lo aprobado no contraviene ningún precepto legal y responde a recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la SCJN, organismos que se pronunciaron por la regulación del uso de la fuerza pública en la entidad.

La llamada ley Atenco ha sido cuestionada por actores políticos, como el grupo parlamentario de Morena o la dirigencia nacional del PRD, los cuales la han descalificado al considerar que violenta derechos como la libre manifestación o asociación.

En el texto de la referida ley se faculta a los cuerpos policiacos a disolver, mediante la fuerza pública, protestas o reuniones que consideren ilegales o que pongan en riesgo la integridad de terceros, incluso permite el uso de armas letales contra aquellos que pongan en riesgo la vida de alguna persona.

Zepeda Hernández dijo que el PRD en el Congreso estatal mandó elaborar un estudio sobre la norma al área de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y resolvió que no presenta deficiencias graves, pero sí hacen la observación en el artículo 25.

En dicho apartado se habla del uso de candados o esposas fijas en los centros de readaptación social, y los expertos dijeron que contraviene el artículo 22 constitucional, el cual señala que los centros penitenciarios son espacios en los que se debe promover la reinserción y readaptación social.

El legislador agregó que el recurso, el cual no fue firmado por diputados de PAN, MC, PT y Morena, será benéfico hasta para aquellos que han rechazado la ley, pues ahora podrán acercar a los ministros sus alegatos y éstos tendrán mayores elementos para emitir su sentencia.

La legislación que regula el uso de la fuerza pública entra en vigor el próximo 16 de junio, pero los diputados esperan que la resolución de la Corte se emita antes, para poder hacer los ajustes que los ministros consideren.

De 75 diputados locales, 60 avalaron la norma, los seis de Morena votaron en contra, igual que uno del PT; hubo una abstención de un legislador del PAN, y a la hora de la votación, cinco del PRD y un petista, así como un panista, se salieron del recinto.