a noticia económica que recientemente se puso en el candelero fue la evasión de impuestos en los llamados paraísos fiscales. El asunto era bien conocido y se habla de él de modo recurrente y, sobre todo, cuando resulta conveniente. Ahora resurgió con la investigación acerca de los documentos de la firma panameña de servicios legales Mossack Fonseca, que alberga a miles de personas y empresas asentadas en ese centro financiero.

Las repercusiones de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han sido grandes y abarcan a políticos, personajes famosos y empresas de todas partes.

Ahora la cuestión tiene mucho de morbo y, en efecto, exhibe los agujeros legales que han permitido que tales paraísos existan. Las razones son económicas y, también, políticas.

La discusión puede centrarse en el carácter ético que significa la evasión fiscal. Este es un callejón sin salida. Pero podría ser también una oportunidad para plantearse de modo más amplio el tema de los impuestos que es, sin duda, uno de los más relevantes de la economía política.

Puede hacerse una pregunta muy simple, que es: ¿por qué la gente no quiere pagar impuestos? La cuestión está en el centro de la existencia misma del Estado y de las políticas públicas de los gobiernos.

En la fundación de Estados Unidos se planteaba la cuestión política frente a la metrópoli británica acerca de que no debería haber tributación sin representación.

Ahí está uno de los puntos clave, es decir, el de las prerrogativas del Estado y del gobierno. Se trata de dos cuestiones relacionadas pero también potencialmente conflictivas. Por una parte, hay que considerar las facultades de ambas instancias frente a la sociedad y, por otra, los privilegios o exenciones que se conceden a alguien en términos de los impuestos que debe pagar. Ambas definen el carácter de la fiscalidad, que es una forma clave del poder.

Las cargas que se imponen a los ciudadanos, y que según las pautas se denominan como personas físicas y morales, son los impuestos. El diccionario lo define como los tributos que se exigen en función de la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos.

Un tributo es, a su vez, la obligación dineraria que se fija por ley y que se destina a sostener las cargas públicas. Ese es el sentido práctico de un impuesto. No es una contribución voluntaria, es una obligación legal.

Esto lleva necesariamente al uso que se hace de los impuestos. Un gobierno puede, en principio, imponer un impuesto sobre lo que quiera. Para ello se requiere una cierta legitimidad, pero puede hacerse sin ella. Los impuestos sobre las ventanas se cobraron en Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia y México en los siglos XVIII y XIX. Se cobran impuestos federales y los servicios públicos de todo tipo en el país son de mala calidad e insuficiente cobertura. Se trata de aspectos de índole general y también local que afectan la vida cotidiana: nunca ha estado tan sucia la delegación Cuauhtémoc.

Políticamente los impuestos exigen una contraparte de quien los recauda. Y en ese punto reside su naturaleza conflictiva, a saber: la retribución colectiva que se recibe por el pago individual del impuesto de quien lo cobra.

Además, está la disposición de quienes están sujetos al impuesto de contribuir a una causa general mediante la cesión de parte de su ingreso o de su riqueza. Hay que reconocer que esa disposición no es natural. Hay algo en lo que Adam Smith denominó como los Sentimientos Morales, en un tratado relevante y controvertido anterior a la famosa Riqueza de la Naciones, que no está alineado con la contribución al bienestar general. De ahí que haya impuestos. Y de ahí que haya leyes fiscales que abarcan una serie de penalidades por su incumplimiento, como los recargos, las multas y la cárcel.

Las leyes fiscales son especialmente complejas, llenas de recovecos. Este rasgo les confiere, de nuevo, su sentido económico y político. Los impuestos a las personas y las empresas suelen ser directos o indirectos. Los primeros, en general, gravan el ingreso, los segundos el consumo. En el caso de los impuestos directos hay un sinfín de disposiciones que llevan de la cantidad que debe pagarse, según las tasa que corresponde al nivel de ingreso, hasta las que se pagan efectivamente luego de las deducciones permitidas.

Los impuestos indirectos pueden aplicarse de modo diferenciado a ciertos tipos de gastos, pero se paga la tasa correspondiente sin distinción de quién consume el producto o servicio correspondiente. Los dos tipos de impuestos pueden evadirse. Hay, siempre, un conjunto de ciudadanos que acaban siendo contribuyentes cautivos, lo que es inequitativo y contribuye a la desigualdad.

La tributación representa una forma esencial de la relación con el poder político. No es un asunto meramente técnico, aunque las autoridades hacendarias en todas partes se instalan en ese quehacer. Los gobiernos constantemente quieren recaudar más, y no siempre rinden cuentas claras de la utilización de esos recursos públicos. La fugas pueden ser muy grandes. Ese es otro asunto que deslegitima la tributación.

El caso de los Papeles de Panamá llevará a ciertos litigios llamativos. No va a cambiar radicalmente el conflicto que significa la imposición de los tributos en sociedades en pugna.