Lerma, Méx.

Cientos de policías irrumpieron este lunes en la comunidad San Francisco Xochicuautla, en este municipio, para proteger el ingreso de maquinaria y trabajadores de la constructora Autovan –propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de grupo Higa–, encargada de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen comuneros.

Por la tarde, maquinaria pesada demolió una vivienda propiedad del delegado Armando García Salazar, pues se encontraba dentro del polígono expropiado. García Salazar dio a conocer que ni los policías ni el personal de Autovan le dieron oportunidad de sacar sus pertenencias, y calificó el hecho de ilegal, pues su casa estaba protegida por una suspensión contra las obras.

Los pobladores de Xochicuautla señalaron que la llegada de los agentes no es sólo un acto de provocación de la autoridad y el concesionario, sino además una franca violación a la suspensión definitiva que obtuvo la comunidad en un juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en la entidad contra el decreto de expropiación del año pasado.

De acuerdo con los inconformes, el ingreso de la policía viola la suspensión provisional y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que a finales del año pasado pidió a la Comisión de Seguridad Ciudadana dejar de hostigar a los pobladores.

Por lo pronto, la policía mexiquense se apostó en los parajes Buenavista, El Pilote, La Gonda y Llano de los Berros, en la zona boscosa de Xochicuautla, que Autovan había respetado para evitar choques con la población; pero ahora desmanteló el campamento que el Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra instaló en la parte alta de la montaña para evitar las obras.

Xochicuautla ha luchado durante más de ocho años en juzgados y con movilizaciones contra este proyecto, que presuntamente conectará Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, con el Aeropuerto Internacional de Toluca Adolfo López Mateos.

El año pasado el presidente Enrique Peña Nieto decretó la expropiación de 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar la carretera, que lleva más de seis años de retraso. Pobladores de Xochicuautla aseguraron que el gobierno federal nunca hizo la consulta a la que estaba obligado antes de emitir el decreto expropiatorio, por lo que promovió un juicio de amparo.

El juez quinto de distrito en materia administrativa y de amparo decretó en febrero la suspensión definitiva y ordenó al concesionario no realizar obras ni invadir predios de Xochicuautla, hasta que se emita la sentencia del juicio de amparo.

Vecinos de Xochicuautla rechazan la autopista porque implica talar miles de árboles del llamado Bosque de Agua, donde se recarga gran parte del acuífero del Lerma; además, el sitio es sagrado para la etnia otomí.

Según los inconformes, la autopista será el inicio de la urbanización de esta zona boscosa, uno de los pulmones del Valle de Toluca. La comunidad demandó la presencia de personal de la CNDH para constatar lo ocurrido, pero llegó cuatro horas después que los policías.