Opinión
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Ciudad Perdida

Urge frenar abusos de inmobiliarias

Los fraudes cunden por toda la ciudad

H

oy o mañana, pero mejor ya, el tema de los abusos de las constructoras en la Ciudad de México debe enfrentarse y regularse para evitar que se cree en la capital otro coto de impunidad, de esos que sólo se equilibran con violencia.

La denuncia del jefe delegacional de Azcapotzalco en contra de las empresas inmobiliarias sorprende de todas maneras. Según el titular de la demarcación, se investigaron 97 expedientes de las obras realizadas en Azcapotzalco en los pasados seis años, y se halló que en 16 había graves anomalías; cuestiones legales, principalmente.

Pero lo mejor de todo fue que se halló a una, de la constructora Reside, a la que el gobierno de la ciudad condonó impuestos. De 67 millones de pesos que debió pagar en 2011, sólo cubrió 10 por ciento por la construcción de 191 mil metros cuadrados.

La denuncia es importante porque nos da idea de las muchas injusticias que se cometen en nombre del desarrollo y el empleo en esta ciudad. Y es que con el pretexto de que las empresas brindan oportunidades de trabajo, se deja pasar un cúmulo de violaciones a la ley. Ejemplo de ello es el fraude que se comete con las promesas incumplidas de quienes construyen y entregan cuando quieren y como quieren amparados regularmente en servidores públicos timoratos o comprometidos con ellos.

Los ejemplos cunden por toda la ciudad. Ante las protestas, los llamados desarrolladores inmobiliarios recurren al muy consabido háganle como quieran, ciertos de que el brazo de la justicia no los va a alcanzar, y que van a terminar las obras cuando el negocio lo determine y no cuando se establece en los contratos de compraventa.

Un ejemplo claro de esa impunidad es el conjunto habitacional llamado Alure Condesa, donde los contratos que advierten de las fechas de entrega son letra muerta para los constructoras, siempre que les pueda afectar, pero son implacables cuando hay alguna falla del comprador.

A más de un año de la fecha de entrega de ese conjunto, la edificación tiene carencias como que los ingenieros no midieron el voltaje de los elevadores y no funcionan, o los enormes depósitos de agua se quedan secos por las fallas de mantenimiento, o los departamentos tienen filtraciones peligrosas de agua. Total, un desastre.

Y frente a ello y las protestas que levantan los vecinos, la respuesta es la misma: háganle como quieran. Nadie protege a los habitantes de esos condominios ni de ningún otro; el imperio del háganle como quieran campea impune mientras algún funcionario supone que convertido en el gestor de los constructores logrará de ellos favores en elecciones torales.

Se tiene que entender que el asunto va creciendo día con día, y que esa impunidad debe quedar rota antes de que algo grave suceda. Bien harían las autoridades encargadas de revisar este asunto en poner orden a ese caos. No vendría, desde luego, de la Secretaría de Economía, una norma que frenara el abuso; ya lo sabemos, pero hay otras dependencias que no deberían quedarse con los brazos cruzados. De eso no se trata el gobierno.

De pasadita

En las filas del gobierno de Miguel Ángel Mancera hay mucha angustia porque dicen que no hay nombre para llenar el puesto vacante que desde hace ya varios meses quedó acéfalo, vacío, pues. Ya hay apuntados varios tiradores, pero aún no hay humo blanco. La cosa es que urge ya dar cabez a la Secretaría de Gobierno. Qué cosas.