El Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales (FMAT 2016) se ha desarrollado en Valencia, España, del 31 de marzo al 2 de abril, con el apoyo de más de mil 200 organizaciones campesinas y de la sociedad civil, instituciones nacionales, internacionales, expertos y profesionales de más de 70 países. Ha reunido a más de 400 personas, venidas de todos los continentes, que han compartido libremente su testimonio en los distintos debates establecidos.

Diagnóstico

Doce años después del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria (FMRA, Valencia, España, 2004), diez años después de la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (CIRADR/FAO, Porto Alegre, Brasil, 2006), los participantes de este Foro han constatado que las políticas de redistribución de la tierra habían sido abandonadas y que las políticas establecidas no toman en cuenta la realidad local de las comunidades de base. La falta de acceso a la tierra y a los recursos productivos sigue siendo una de las principales causas de la pobreza, de la pérdida de soberanía alimentaria y de la marginalización que sufren la mayoría de las poblaciones rurales y urbanas del mundo.

Los participantes también han compartido testimonios sobre el hecho de que, en numerosos países, esta situación deplorable se ha agravado aún más, debido a diversos procesos de acaparamiento de las mejores tierras agrarias, del agua, de los espacios forestales y pastorales, de la pesca y las semillas por un reducido número de personas que acumulan cada vez más poder.

Desde hace más de 30 años, las grandes empresas agrícolas con empleados ganan terreno en detrimento de las explotaciones familiares y campesinas. Desde finales de los 70’s, estas empresas se han beneficiado de la liberalización de los movimientos de capitales para empezar a extenderse a ciertos países de América Latina y del Sudeste asiático, atraídas por los bajos precios de la tierra y de la mano de obra, así como por las ventajas ofrecidas por ciertos gobiernos. Durante los años 80’s y 90’s, se han beneficiado de la globalización neoliberal (apertura de los mercados ligada a los planes de reajustes estructurales, al acuerdo sobre la agricultura de la Organización Mundial de Comercio, a distintos acuerdos internacionales de libre intercambio, la desregulación financiera) para extenderse a todos los países del mundo. También se benefician del debilitamiento creciente de las explotaciones familiares y campesinas, debido al abandono de las políticas agrarias que las favorecían, para extenderse. Los recursos naturales se han considerado mercancías en detrimento del medio ambiente, de la soberanía alimentaria y de los derechos de los pueblos a la alimentación.

Estas empresas agrarias especializadas y basadas en la contratación de empleados no siempre producen más alimentos ni valor añadido por unidad de superficie que la agricultura familiar y campesina que reemplazan. Los participantes han resaltado, en la prolongación del Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014), la eficacia productiva, social y medioambiental de las unidades productivas familiares, especialmente cuando las políticas públicas les son favorables. Al contrario, la eficacia de las grandes empresas privadas se limita a generar beneficios financieros. Estos beneficios provienen del muy bajo coste de acceso a la tierra, al agua y a los recursos naturales, de los bajos salarios y de la ausencia de fiscalidad. No provienen de una eficacia agronómica o económica real.

En el ámbito medioambiental, la atribución de grandes superficies de tierras a los inversores va de la mano de la promoción de sistemas de producción enfocados en el monocultivo y requieren una utilización masiva de energía fósil y de insumos de origen industrial, que conlleva riesgos de contaminación de suelos y de aguas. Estos proyectos contribuyen a la degradación de la biodiversidad, a la crisis ecológica y al cambio climático.

Al apartar a cientos de millones de agricultores, por falta de un acceso suficiente a la tierra, al agua de riego y a otros medios de producción, se alimenta, hoy en día, un proceso global de marginalización y de pérdida de dignidad, que conlleva importantes desequilibrios. La situación actual –persistencia del hambre y de la malnutrición, desigualdades crecientes entre países y al interior de éstos, exclusiones, violencias estructurales, altos niveles de desempleo, crisis medioambiental y pérdida de soberanía alimentaria– es intolerable. Los pueblos indígenas, así como las mujeres y los jóvenes, sufren especialmente esta situación.

La adopción, en 2012, por el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de las “Directrices voluntarias para una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” ha sido el resultado principal de la CIRADR. Pero la falta de voluntad política de Estados frena su aplicación concreta.

El FMAT denuncia y condena los crímenes, violencias e intimidaciones cometidos contra las personas que luchan por el acceso a la tierra y a los recursos naturales en condiciones más justas, o que luchan por conservar sus derechos. Condena las presiones ejercidas contra las organizaciones que defienden estos derechos y su criminalización frecuente. Reafirma los principios democráticos, las libertades y el respecto de los derechos humanos.

El FMAT apoya las múltiples iniciativas que salen a la luz en el mundo para proponer soluciones a estos problemas.

Propuestas

Ante esta situación, el FMAT-2016 afirma que en el acceso a la tierra y a los recursos naturales está la base de la soberanía alimentaria de los pueblos. Por ello llama:

1/ a parar los procesos de acaparamiento y de concentración de tenencia de la tierra allá donde se manifiesten en el mundo,

2/ a restituir lo antes posible las tierras injustamente expoliadas a las poblaciones desplazadas y no compensadas en la medida del perjuicio sufrido,

3/ a corregir las desigualdades de acceso a la tierra y a los recursos naturales (agua, recursos forestales y pastorales, espacios de pesca) relanzando políticas redistributivas y en particular la reforma agraria,

4/ a reconocer el rol esencial de las mujeres, a garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones y a suprimir todas formas de desigualdad en el acceso a los recursos, de las que son víctimas demasiado a menudo,

5/ a facilitar el acceso a la tierra y a los recursos naturales a los jóvenes para que puedan vivir de ellos dignamente, y a promover un diálogo entre generaciones con el fin de conciliar la transmisión de saberes locales y la autonomía de los jóvenes,

6/ a establecer herramientas de regulación para desincentivar la concentración de la tenencia de la tierra: políticas fiscales, mecanismos de intervención en los mercados de tierras, de alquiler y de partes de capital, 

7/ a trabajar para que los gobiernos se comprometan a aplicar desde ya las Directrices voluntarias (DV) para una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, aplicable a las tierras, la pesca y a los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DV), y a promover la puesta en marcha de observatorios autónomos de la tenencia de la tierra,

8/ a iniciar, desde ya, un proceso destinado a transformar estas directrices en compromisos obligatorios de los Estados y de las instituciones internacionales,

9/ a desincentivar la constitución de unidades de producción muy grandes y especializadas, fuertemente mecanizadas, que requieren importantes cantidades de insumos de síntesis y de energía fósil, y que se basan en la explotación de la mano de obra asalariada,

10/ a reubicar la agricultura familiar y campesina en el centro de las políticas públicas, a reconocer su eficacia, su capacidad de aumentar a producción de alimentos, de generar empleo y de reducir la pobreza, manteniendo los ecosistemas,

11/ a garantizar que la tierra, disponible en cantidades limitadas, pueda tener la función social de producir de manera sostenible la mayor cantidad de alimentos y de riqueza por unidad de superficie,

12/ a reorientar el conjunto de los apoyos públicos directos e indirectos hacia la agricultura familiar y campesina, y más especialmente hacia los sistemas de producción con enfoque agroecológico,

13/ a promover políticas comerciales que permitan a los pequeños agricultores vivir dignamente de su trabajo,

14/ a consultar a la ciudadanía sobre la oportunidad de aplicar tratados de libre comercio que podrían arruinar a los productores con menos dotaciones de tierras, recursos naturales y equipamientos; y de violar el derecho de los pueblos a asegurar su soberanía alimentaria,

15/ a promover la gobernanza de los territorios por las poblaciones que viven en ellos (en particular los pueblos indígenas) permitiendo a las comunidades definir las reglas y derechos de uso de sus comunes, y de definir los modos de vida más conformes a sus elecciones técnicas, ecológicas, económicas y culturales,

16/ a conseguir el cese inmediato de la represión que aún sufren demasiado a menudo las personas que luchan por un acceso más equitativo a la tierra y a los recursos naturales, y a apoyar, allá donde se manifiesten, los movimientos de campesinos y campesinas pobres, sin tierra, de los pescadores y pescadoras, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los jóvenes que luchan por sus derechos,

17/ a seguir y unificar las luchas que se han expresado durante este foro,

18/ a ampliar las alianzas ciudadanas, rurales y urbanas, y a organizar una amplia movilización de la sociedad civil, la única capaz de conseguir establecer mecanismos de gobernanza capaces de parar la concentración de los recursos por una minoría, así como los conflictos extremadamente graves que de ello se derivan,

19/ a crear en el seno de las Naciones Unidas y de sus agencias especializadas una institución independiente, garante de los intereses de las generaciones futuras.

20/ El FMAT solicita a las instituciones internacionales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO–, CSA, Organización de las Naciones Unidas –ONU–) que convoquen, como continuidad del CIRARD 2006 y del FMAT 2016, una conferencia mundial de gobiernos y de la sociedad civil sobre la cuestión del acceso a la tierra y a los recursos naturales.

Valencia, 2 de abril de 2016