La Secretaría de Salud (Ssa) carece de presupuesto específico para la vacuna contra la influenza estacional. El Seguro Popular financió esas compras con excedentes de otros biológicos en 2013, 2014 y 2015, pero el año pasado también se tomó dinero del nivel central de la Ssa para completar 827 millones 750 mil pesos.

Tampoco existe un estudio económico con las previsiones para obtener la vacuna en los próximos 14 años. El tema está en el escritorio del secretario José Narro Robles, porque debe decidir si firma, y en qué condiciones, la ampliación del contrato actual –que termina en 2022– entre el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) y el Laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa mayoritariamente estatal.

Birmex es mediador entre la Ssa y el laboratorio Sanofi Pasteur, fabricante de la vacuna. El nuevo contrato Censia-Birmex estaría vigente hasta 2030 y obliga a la Ssa a tener a la paraestatal como su principal proveedor.

El compromiso se daba por hecho cuando Mercedes Juan estaba al frente de la Ssa; ahora es cuestionado por algunos funcionarios, quienes expusieron sus dudas a Narro Robles y además le comentaron que no existe un plan sobre el destino del dinero que reciba Birmex como ganancia del convenio. Ahora el secretario de Salud llevará el tema al presidente Enrique Peña Nieto, porque el acuerdo con Sanofi Pasteur se ratificó durante la visita de Estado que el Ejecutivo realizó a Francia el año pasado.

Según información oficial del portal de transparencia, no existe una partida específica para comprar la vacuna antinfluenza; asimismo, en 2011 los recursos provinieron del Seguro Popular y fueron ejercidos por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). En 2012, la vacuna fue adquirida por los servicios estatales de salud, porque la aplicación del biológico se incorporó al catálogo de servicios del Seguro Popular.

A partir de 2013, la responsabilidad de la compra quedó en manos de Censia, por el convenio que firmó con Birmex ese año. Ahí se refrendó la mediación del laboratorio mexicano entre la Ssa y la trasnacional Sanofi Pasteur. Desde 2008 existe tal acuerdo como parte del proyecto del gobierno federal para que México fuera autosuficiente en la producción de la vacuna.

Esa idea se fortaleció luego de la pandemia de 2009 y las dificultades que enfrentaron la mayor parte de los países para tener acceso al inmunógeno.

El plan inicial era que Sanofi fabricaría la sustancia activa de la vacuna en la planta que construyó en el estado de México y que funciona desde 2013, mientras Birmex se encargaría del envasado y empaquetado del producto. Esto último no ocurrió, a pesar de que Birmex dispuso de más de 200 millones de pesos para las obras.

La salida que se dio el año pasado fue la firma de otro contrato, este de asociación público-privada (APP), de Birmex con dos empresas socias de Sanofi Pasteur, las cuales proveerán los elementos y la tecnología para el envasado y empaquetado de la vacuna (La Jornada, 19/1/16).

Debido a que es un proyecto autofinanciable, no requirió autorización de la Secretaría de Hacienda, señaló Birmex en respuesta a una solicitud de información.

En cambio negó el acceso a los datos sobre el contenido de la APP, los cuales reservó por 12 años porque, indicó, se debe garantizar el derecho a la protección de los secretos industriales que permitan (a Birmex) contar con una ventaja económica y competitiva en contra de la competencia desleal a la que se enfrenta.