Río de Janeiro.

Faltaban cuatro minutos para las seis de la tarde de ayer cuando el abogado Miguel Reale, uno de los autores del pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, empezó la acusación frente a la Comisión Especial del Senado. Esa comisión votará, dentro de dos semanas, la apertura del juicio, un resultado anunciado de antemano.

De acuerdo con el abogado, lo que justifica la destitución de la presidenta (y de sus 54 millones y medio de votos) es la caótica situación económica que sacude al país. Dijo Reale que todo eso se debe a las maniobras contables realizadas por el gobierno, y que por eso Dilma Rousseff debe ser legalmente juzgada y condenada.

Hay una evidente contradicción en lo que se ve en Brasil. Uno de los oyentes más atentos a las palabras del abogado acusador era Antonio Anastasía, relator del caso en la comisión especial. A él le tocará recomendar a sus pares que se abra el juicio que alejaría, en un primer momento, a Rousseff de la presidencia por un plazo hasta de 180 días.

Antes de llegar al Senado, Anastasía fue gobernador del estado de Minas Gerais. Y en su gobierno practicó, con alegre insistencia, exactamente las mismas operaciones que ahora sirven de argumento para condenar a Rousseff y terminar con su mandato.

Además, el mismo Anastasía cometió una generosa serie de irregularidades, como no otorgar a los sectores de Salud y Educación los porcentajes mínimos (12 y 25, respectivamente) del presupuesto, como establece la ley. Responde, además, a un proceso ante la justicia de su estado. Por cierto: de los 21 senadores que integran la Comisión Especial, 15 tienen pendentes con la justicia.

No hay sorpresa alguna: el resultado ya es conocido. Ahora se trata de que las formalidades sean seguidas de manera rigurosa para dar la impresión de que la Constitución es respetada. Tanto así que hoy tocará a defensores de la presidenta hablar frente a los senadores.

Mientras, el país da por sentado que el resultado será contrario a la decisión que salió de las urnas electorales en 2014. Ayer mismo, y como ocurre desde hace un gordo par de semanas, Michel Temer, presto a ser elevado a la presidencia, siguió armando su gobierno. Contará con casi todos los partidos que hasta hace dos semanas integraban la alianza de base de Dilma Rousseff, al que se sumarán el PSDB, derrotado cuatro veces consecutivas por el PT, y el derechista DEM. Algunos de los que fueron ministros de Dilma y la traicionaron a última hora volverán a sus puestos.

Temer mantendrá la marcación que no le sirvió a Dilma, negociando cargos a cambio de apoyo. Anunció que reduciría los ministerios de 32 a 15. Serán por lo menos 20, porque el hambre de los neoaliados es grande.

A un kilómetro de distancia, la presidenta en funciones, lista a ser destituida, arma su estrategia de defensa, consciente de su inutilidad. Sabe que perderá, que ya perdió. Luchará hasta el último minuto, en vano: se trata de un juego jugado.

Los intentos por demostrar respeto a la legalidad no legitimarán el golpe, del cual surgirá el gobierno encabezado por un Michel Temer que, a lo largo de su larga carrera, primero de diputado estatal y luego nacional, jamás logró alcanzar votaciones destacadas. Llegará a la presidencia sin haber ganado un solo voto. Todo el ritual en curso no legitimará su gobierno, pero consagrará el golpe.

Inicialmente, Michel Temer asumirá la presidencia hasta por 180 días. Vencido ese plazo, muy difícilmente Rousseff logrará, en el Senado, los votos suficientes para reasumir el puesto. Se da por segura la permanencia de Temer hasta 2018.

¿Cómo será su gobierno? Seguramente de pleno agrado del empresariado, el sacrosanto mercado financiero, las élites de siempre, los conglomerados de comunicación y las clases medias manipuladas por la televisión.

Lo que se anuncia es un cambio violento en programas sociales construidos a lo largo de los últimos 13 años. La recesión por la que atraviesa el país ya provocó un desastre en el empleo, el comercio y la industria. No se ve una recuperación en el horizonte, y analistas independientes dicen que menos la habrá con el plan económico que se aplicará con Temer. Habrá, dicen, una reconquista de la confianza de inversionistas. Hasta qué punto esa confianza recompondrá el desastre actual, no se sabe.

Ayer hubo bloqueos de carreteras y avenidas en ocho provincias y en Brasilia. Son las protestas contra el golpe, son la muestra de lo que vendrá. Ya se habla de que, con Temer, movimientos sociales vinculados al PT, como los sin-tierra del MST, además de centrales sindicales, serán duramente investigados y criminalizados.

En su discurso de acusación en el Senado, Reale no expuso una argumentación jurídica: optó por un discurso esencialmente político.

Fue durísimamente contestado, punto por punto, por el senador y antiguo líder estudiantil Lindbergh Farias, quien sostuvo que “un impeachment, sin demostración de crimen de responsabilidad, es un golpe. Un golpe escandaloso”.

El abogado acusador se retiró enseguida: dijo que, casualmente, tenía otro compromiso.