Río de Janeiro.

La sesión de la comisión especial del Senado que examina la posibilidad de poner en marcha un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff anunciaba que la lectura del informe del relator empezaría a las 13:30 horas (local), puntualmente. Antonio Anastasía, del opositor PSDB, empezó a leer a las 15:26, o sea, un retraso de casi dos horas.

La lectura, en voz meliflua y tono profesoral, se extendió hasta casi las 19 horas. Al final, ninguna sorpresa: Anastasía ratificó lo que había sido decidido en la Cámara de Diputados y recomendó, con ademanes dramáticos, que se abra el juicio. Rechazó todos los argumentos presentados en defensa de Rousseff y dijo que ella es culpable de crimen de responsabilidad, por haber, entre otros pecados, determinado la apertura, por decreto presidencial, de seis créditos suplementares para cubrir gastos de su gobierno.

Hay algo muy raro en todo ese proceso que transcurre en Brasil. Cuando era gobernador de Minas Gerais, el mismo Antonio Anastasía firmó nada menos que 55 decretos idénticos. Y más: se supone que el senador encargado de elaborar un informe que será votado por sus pares de la comisión especial ostente un mínimo de equilibrio e imparcialidad, y que así actúe. Anastasía, sin embargo, pertenece al mismo partido que presentó en el Congreso el pedido de apertura del juicio que pretende destituir a la presidenta, y con ella, los 54 millones 500 mil votos dados por el electorado brasileño. Para completar, es considerado (y así se desempeña) la mano derecha de Aécio Neves, su colega del Senado que fue derrotado por Rousseff en 2014.

Quien observe de cerca lo que se desarrolla en el Congreso brasileño seguramente trazará un paralelo con lo que se veía en algunas películas del pasado: en el sur de Estados Unidos, un ciudadano negro llevado a un tribunal comandado por un juez blanco, frente a un grupo de jurados blancos y una platea exclusivamente blanca. O sea, entraba condenado de antemano. Así se encuentra hoy la presidenta brasileña.

Siguiendo estrictamente el guión previamente establecido para cubrir el proceso con un aire de rígido respeto constitucional, está anunciada para hoy la presencia, una vez más, del abogado general de la unión, José Eduardo Cardozo, para reiterar los mismos argumentos en defensa de la mandataria que han sido solemnemente ignorados por los senadores. Y mañana se hará la votación del informe del relator que acusa a la presidenta de haber cometido exactamente lo que él hizo cuando era gobernador. Nadie en Brasil apuesta un centavo a otro resultado que no sea la apertura del juicio. La votación está prevista para el miércoles 11. Al otro día Dilma Rousseff será oficialmente notificada y tendrá que abandonar el cargo, mientras el proceso se desarrolla en el pleno del Senado.

Los defensores de Dilma reiteran que se trata de un golpe institucional. Los adversarios dicen que no es golpe, ya que la presidenta contó con todos los mecanismos de defensa. No dicen, por supuesto, que todo estaba decidido de antemano, y que la defensa estaba, desde siempre, condenada a ser ignorada.

Ayer por la noche Luiz Inacio Lula da Silva era esperado por Dilma para detallar los próximos pasos a seguir.

En días recientes quien se ha encontrado con el ex presidente se ha dado cuenta de que Lula está entristecido. Sabe que el juego está perdido. “Lula está muy abalado (sacudido) con esa historia”, relató un interlocutor muy cercano a él. Anda muy decaído, muy deprimido, pero se recuperará para luchar por el futuro.

Dilma Rousseff, a su vez, alterna momentos de silencio con explosiones de irritación, especialmente cuando se refiere a aliados que la traicionaron a última hora. Su temperamento irascible y explosivo a veces cede espacio a largos momentos de reflexión, como si la mandataria estuviera atónita frente a lo que ocurre.

En semanas recientes ha empezado a retirar de su despacho –en el tercer piso del Palacio de Planalto, la bellísima construcción diseñada por el genio de Oscar Niemeyer– cajas y cajas con papeles y documentos personales. Al mismo tiempo, trata de enterarse de cuáles serán sus derechos durante los 180 días que se calcula durará el juicio en el Senado.

Sabe que podrá disponer de un pequeño grupo de asesores y que podrá seguir ocupando el Palacio de Alvorada, la residencia presidencial.

Ya decidió que no saldrá de la sede del gobierno por la puerta de atrás: bajará la misma rambla por la cual subió cuando asumió la presidencia. Estará acompañada de ministros leales y ex auxiliares que se han mantenido a su lado. Quiere mostrar, hasta el final, que mantuvo la dignidad de su biografía.

Mientras, Michel Temer conspira sin cesar, elige ministros y ultima los detalles de sus primeros actos cuando asuma una presidencia que le llegará sin que haya obtenido un mísero voto popular.

Uno de sus futuros ministros, José Serra, que ocupará la cartera de Relaciones Exteriores, ya trabaja a toda velocidad. No por casualidad es el mismo Serra que en sus intentos por alcanzar la presidencia fue derrotado dos veces: una, por Lula da Silva; la otra, por Dilma Rousseff.