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Demanda de 287 internos del penal de Chiconautla
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2016, p. 11

Familiares y abogados de 287 personas detenidas en el reclusorio de Chiconautla presentaron una denuncia colectiva ante la Procuraduría General de Justicia mexiquense (PGJEM) en contra del titular de esa dependencia, Alejandro Jaime Sánchez; del subprocurador Germán García; del fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández; del director general de Litigaciones, Fernando Ulises Cárdenas, y de otros funcionarios acusados de tortura y delitos contra la administración de justicia, ya que se les imputa haber fabricado carpetas de investigación en contra de los reclusos, la violación a su debido proceso y/o el haberlos detenido de manera ilegal.

La semana pasada, Cárdenas Uribe fue exhibido en un video en el que reconoce que están en prisión varias personas inocentes. ‘‘Un promedio de efectividad inferior a 90 por ciento, ya no es bueno; inferior a 80 ya es regular o malo. Deberían tener un promedio de 90. Es decir, de 10 perder uno. No hay pretextos. Todo lo que me dijeron son pretextos. ‘Es que los delitos son inventados’. ¿Quién dijo que los delitos no son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre! De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos. Abajo ¡ya está mal, de verdad! Un promedio abajo de 80 por ciento está mal’’.

Marcha en Toluca

La denuncia colectiva, de la que tiene copia La Jornada, está firmada por 287 internos de Chiconautla, entre ellos José Hubertus Pérez Espinoza, presidente y representante legal de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, quien lleva seis meses preso por tres presuntos robos con uso de arma de fuego, de los cuales en uno ya quedó absuelto y en otros dos está litigando.

Familiares y abogados de los reclusos denunciantes realizaron este miércoles una marcha por las principales calles de Toluca y encabezaron actos de protesta frente a las instalaciones de la PGJEM y del Tribunal Superior de Justicia del estado de México.

La denuncia refiere, por ejemplo, que 187 de los 287 procesados fueron torturados por agentes policiacos. Los otros casos implican la presunta violación a su debido proceso, como el hecho de que no contaron con defensores bien capacitados o no se les respetó su derecho humano a la tutela judicial efectiva por parte de jueces de esa entidad; 90 por ciento de los denunciantes está en prisión acusados de delitos patrimoniales, como robo o fraude.