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En dos años no se ha colocado ni la primera piedra: dirigente

Jinetea Graco Ramírez fondos para nuevo Congreso: CMMC
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2016, p. 24

Cuernavaca, Mor.

Por más de dos años, el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, ha jineteado o desviado 500 millones de pesos destinados para la construcción del edificio del Poder Legislativo, aseguró Gerardo Becerra Chávez, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC).

De acuerdo con el contrato signado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el gobierno de Morelos el 5 de diciembre de 2013, esta cantidad también forma parte de tres líneas de crédito por 2 mil 806 millones de pesos que diputados locales de la pasada legislatura autorizaron en octubre de 2013, con lo cual el gobernador endeudó al estado por 18 años.

Becerra Chávez explicó que de esas tres líneas de crédito el gobernador desvió mil 800 millones de pesos, por lo cual la CMMC solicitó al Congreso actual llevarlo a juicio político; sin embargo, los diputados locales lo exculparon.

Hasta hoy, dijo el vocero de la CMMC, no se ha colocado ni la primera piedra de la nueva sede del Legislativo, ni el gobernador ha dicho cuántos intereses han generado los 500 millones de pesos del préstamo de Banobras.

En la copia de ese contrato se específica que el crédito financiará los conceptos previstos hasta donde alcance, en el entendido de que cualquier gasto adicional que se genere deberá cubrirlo el estado.

En otra cláusula se explica que el acreditado deberá destinar el crédito exclusivamente para financiar obras de infraestructura educativa en niveles básico, medio y superior; de seguridad pública y procuraduría de justicia; urbana (obras de pavimentación), económica (mercados), urbana (electrificación), agua potable y alcantarillado y gubernamental (el nuevo recinto legislativo).

Becerra insistió en que el gobernador ha desviado alrededor de mil 800 millones del crédito de un total de 2 mil 806 que autorizó el Congreso local en la pasada legislatura, por lo que exigió una auditoría independiente.