Río de Janeiro.

En una rara decisión adoptada por unanimidad y sin debates, los 11 magistrados que integran el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño alejaron ayer a Eduardo Cunha de su escaño y, en consecuencia, de la presidencia de la Cámara de Diputados.

Cunha es el responsable de la apertura del juicio político en la cámara baja que pretende destituir a Dilma Rousseff. Aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el juicio está ahora en el Senado.

Ayer, al ser informada del castigo a su verdugo, la mandataria se limitó a hacer un breve comentario: más vale tarde que nunca.

La decisión atendió a un pedido enviado al STF por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, el pasado diciembre. En su abultado expediente de casi 200 páginas, Janot expuso una interminable lista de crímenes, irregularidades y delitos cometidos por Cunha, que van desde lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y manipulación de comisiones de la cámara, hasta abuso de poder y ruptura del decoro parlamentario.

Ninguna de las acusaciones es nueva. Lo que muchos se preguntan es por qué el STF tardó tanto en sancionar a un notorio bandolero. De haber atendido antes al pedido del procurador general, otro sería el desarrollo del golpe institucional contra Rousseff. Ahora que está a punto de consumarse, el diputado símbolo de la corrupción parlamentaria dejó de ser útil.

Lo remplaza su fiel aliado

En la madrugada de ayer Teori Zavaski, relator del caso en el STF, determinó el inmediato alejamiento de Cunha de su escaño. En su decisión, el magistrado argumenta que la permanencia del acusado en la presidencia de la Cámara de Diputados conspira contra la dignidad del recinto.

Cunha fue remplazado por Waldir Maranhão, su fiel aliado y vicepresidente de la cámara baja. La primera medida del sustituto fue suspender la sesión en la Cámara de Diputados, apagar los micrófonos del pleno y ordenar la salida del aire de TV Cámara. Legisladores de partidos de izquierda subieron a la tribuna para debatir en una acalorada sesión transmitida por las redes sociales vía teléfonos celulares.

Cunha mantiene su mandato, que sólo puede ser anulado por sus pares. Enfrenta un proceso en el comité de ética que podrá condenarlo. En ese caso perdería el fuero y sus privilegios e iría a parar a manos de la justicia común, y difícilmente escaparía de la cárcel.

Por ahora está impedido de cumplir cualquier función parlamentaria, pero mientras los diputados no decidan su futuro seguirá ocupando la residencia oficial, tendrá derecho a un automóvil con chofer, al uso de aviones del gobierno y a una escolta de seguridad, y no perderá sus ingresos, que suman alrededor de 20 mil dólares mensuales.

En todo caso, para quien está acusado (con pruebas concretas e indicios clarísimos) de haber recibido al menos 15 millones de dólares en sobornos, lo del sueldo sería la última de las preocupaciones.

Cunha aceptó en diciembre abrir el juicio de destitución contra Dilma Rousseff, en un acto de clara venganza personal, al darse cuenta de que el PT votaría a favor de que el comité de ética lo condenara. A partir de entonces pasó a ser tratado como un aliado de altísimo valor por los partidos de oposición, especialmente el PSDB.

Al presidir la cámara baja, con el control de al menos 150 diputados (de un total de 513), todos beneficiados con financiamiento para sus campañas electorales obtenido gracias a su intervención, Cunha impidió que los proyectos del gobierno de Dilma Rousseff fueran aprobados. Concretamente, le impidió –o casi– gobernar.

Maestro soberano en los trucos más bajos del juego político, profundo conocedor del reglamento interno (al punto de manipularlo de manera escandalosa), durante los 15 meses en que presidió la cámara baja acumuló un sinfín de polémicas. Capitaneó, el domingo 17 de abril, la vergonzante sesión en que los diputados decidieron enviar al Senado el juicio político a Rousseff. Fue un espectáculo grotesco que mostró a los brasileños, de una sola vez, la faz cruel de la actual legislatura, seguramente la de más bajo nivel desde la redemocratización del país, en 1985.

Michel Temer, el todavía vicepresidente, que se prepara para ocupar el lugar de la mandataria tan pronto en el Senado se consume el golpe institucional, deja de contar con un aliado imprescindible, aunque incómodo y desmoralizante.

Poco, sin embargo, es su alivio, porque en caso de que Cunha decida contar lo que sabe, casi todo el gabinete que Temer está armando mientras conspira contra Rousseff caería en manos de la justicia. A propósito, el propio Temer tendrá que explicar qué pasó con unos 5 millones de reales (algo así como millón y medio de dólares) que un traficante de divisas asegura haberle entregado cumpliendo instrucciones de Eduardo Cunha.

El delincuente contumaz ahora sancionado acusó al Supremo Tribunal Federal de intromisión indebida en el Poder Legislativo y anunció que presentará un recurso. Frente a una decisión tomada por 11 votos contra cero, recurrir a los mismos magistrados suena un tanto insólito.

Pero de Cunha se puede esperar cualquier cosa.