Sociedad y Justicia
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Sordera e indiferencia del gobierno federal para responder a demandas, dicen

Campesinos amagan con radicalizar protestas
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Trabajadores agrícolas acusan al gobierno federal de no escuchar sus demandas, que incluyen la libertad de presos políticos, una ley de consulta previa, libre e informada y la revisión de programas de subsidioFoto Víctor Camacho
 
Periódico La Jornada
Sábado 7 de mayo de 2016, p. 31

Los campesinos radicalizarán sus acciones de protesta ante la sordera e indiferencia del gobierno federal para responder a sus demandas de liberación de presos políticos, una ley de consulta previa, libre e informada y revisión de los programas para que los beneficios de los subsidios no queden en los grandes agroempresarios, sostuvieron dirigentes de las agrupaciones campesinas que durante 16 días sostuvieron un plantón en la Secretaría de Gobernación, en el contexto de la Jornada Zapata Vive.

No fue una movilización más, continúa la insistencia para que se atiendan las peticiones campesinas, aseguraron Francisco Jiménez Pablo, del Frente Indígena y Campesino de México, y José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Ante la indefinición de la reunión solicitada con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comentaron que es reflejo de la falta de disposición del gobierno para atender los asuntos presentados.

Jiménez Pablo sostuvo que el gobierno se equivoca al apostarle al desgaste del campesinado. No nos quedaremos con los brazos cruzados, recurriremos a las redes sociales y a otras acciones en el interior del país hasta lograr la interlocución y obtener respuestas.

Agregó que a la reunión programada con los subsecretarios de Gobierno de Guerrero, estado de México, Campeche, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla para abordar el tema de los presos políticos no acudieron los representantes de las tres últimas entidades. Para ejemplificar la falta de voluntad política gubernamental para responder a sus demandas, refirió que sólo se ha detenido a cuatro de los 11 presuntos asesinos de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, asesinados el 27 de abril de 2010, cuando participaban en una caravana de ayuda humanitaria a los indígenas triquis de la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, y el expediente está congelado en la Procuraduría General de la República.

Narro Céspedes dijo que apenas se está reconstruyendo la insurgencia campesina, pues si bien hay inconformidad no hay unidad ni suficiente fuerza para presionar al gobierno. Aseguró que los dirigentes de las agrupaciones que participaron en la Jornada Zapata Vive no han bajado la guardia.