La Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) colaborarán con el gobierno de Morelos en la exhumación de los restos humanos depositados en fosas clandestinas en Tetelcingo, para el registro de perfiles genéticos bajo los más altos parámetros internacionales.

En este proceso a realizarse en la fosa clandestina donde la Fiscalía General de Morelos depositó los restos de 150 personas, seguramente se configurarán delitos como desaparición forzada e incluso el de ejecuciones extrajudiciales, señalaron familiares de las víctimas, así como organizaciones civiles y académicas de la entidad.

La tipificación de estos delitos, según explicaron, se daría en un principio en al menos 11 casos, pues los cuerpos no tienen carpeta de averiguación previa abierta por la fiscalía estatal, y uno de ellos presenta evidencias claras de tortura y tiro de gracia. Pero habrá que revisar detalladamente lo que resulte en cada uno de los 150 casos.

En conferencia de prensa, luego de reunirse con la titular de la PGR, Arely Gómez, y los presidentes de la CNDH y de la CEAV, Luis Raúl González Pérez y Jaime Rochín, respectivamente, los familiares y organizaciones sociales informaron que otro de los acuerdos es que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos actúe como coadyuvante en el proceso de exhumación e identificación de los cuerpos, tanto en las diligencias como en las mesas de trabajo.

Juan Carlos Trujillo, de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Valentina Peralta, de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, y Javier Sicilia, del Programa de Atención a Víctimas de la universidad morelense, entre otros, señalaron que una de las prioridades fue la exigencia de que la fiscalía no exhume los restos de manera ilegal o sin la participación de los familiares.

En Jojutla, otro caso

La fiscalía de Morelos se había negado tajantemente a abrir la fosa para el análisis, por lo que las organizaciones nos vimos obligadas a recurrir a instancias federales, declaró Javier Sicilia, quien además aseguró que en Jojutla, otro de los municipios de Morelos, hay otra fosa clandestina sin investigar, con más de 60 cuerpos, según los mismos reportes y declaraciones oficiales.

Hemos solicitado esto ante la ley, para que la justicia se cumpla, y esperemos que no estén ocultando desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, porque las acciones de la fiscalía nos hacen sospechar que no sólo se trata de negligencia en su actuación, sino que hasta podría haber crímenes de lesa humanidad, expresó Sicilia, también fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Durante la reunión en la PGR, los funcionarios federales escucharon los planteamientos de las familias y de sus representantes. El titular de la CNDH expresó el compromiso del organismo de “buscar certeza en la identificación de los cuerpos a exhumar y garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos de las víctimas, así como acompañar puntual y oportunamente a los familiares.