Para avanzar en la erradicación del hambre y malnutrición en América Latina y el Caribe se requieren mejores sistemas de supervisión, así como de evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional, ya que en varios países la coordinación de las entidades encargadas es aún insuficiente, asentó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el informe Monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional como apoyo a políticas públicas en América Latina y el Caribe expone que hay una gran fragilidad entre las instituciones que implementan las políticas de lucha contra el hambre y los sistemas creados para su seguimiento.

Además, señala, el reto de los países no sólo es enfrentar el hambre, sino la doble carga de la malnutrición que crece con el aumento de la obesidad y el sobrepeso. Detalló que en América Latina persisten desigualdades de subalimentación. En Brasil, México, Venezuela y Uruguay la población subalimentada es menor a cinco por ciento, mientras en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador el porcentaje es superior a 12.

Los factores que explican las incongruencias en la región son varios; muchos, de naturaleza histórica, política, social y ambiental, lo que hace que sean muy complejas las iniciativas de políticas públicas para reducirlas a corto y mediano plazos, indica.

Agrega que la situación económica favorable desde 2000 tuvo impacto positivo en las políticas públicas de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria y el hambre; entre las políticas de corto plazo destaca las vinculadas a los programas de transferencia condicionada de ingresos y a los de alimentación escolar; en las de mediano y largo plazos menciona las acciones de apoyo a la agricultura familiar campesina.

En el prefacio del estudio, Raúl Benítez, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, asienta que hace 25 años más de 66 millones de personas de la región no tenían acceso a los alimentos necesarios para llevar una vida sana; hoy el panorama es diferente, señala, pues la cifra se ha reducido a 34 millones, debido a las diversas políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional, erradicación de la pobreza y desarrollo rural.

Sin embargo, considera necesario mejorar la eficiencia de dichas políticas, generar espacios de seguimiento, supervisión y evaluación para garantizar sus impactos y rescatar lecciones aprendidas. Ello, destacó, no es posible sin la participación de las entidades gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado, la academia y la cooperación internacional durante todo el proceso.