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¿Hacia dónde va el Plan Nuevo Guerrero?

A

estas alturas del mes, el presidente Enrique Peña Nieto ya debió haber entregado el informe que sobre los avances del Plan Nuevo Guerrero le demandó el Senado el pasado 28 de abril, para lo cual le concedió un plazo máximo de 15 días.

Vale la pena recordar que en noviembre de 2013 el Ejecutivo federal anunció dicho plan, que atendería la contingencia que originaron el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, que afectaron a 315 mil personas en 59 de los 81 municipios del estado.

Además incluía proyectos de infraestructura, inversiones en obras hidráulicas, de comunicaciones y transportes, proyectos de desarrollo social y económico, para lo cual se etiquetaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 61 mil millones de pesos.

El caso es que, transcurridos dos años y medio, no se ve avance del programa. Resaltan, entre otras fallas, la falta de construcción de miles de viviendas para damnificados en las regiones de la Montaña, la Costa Grande, la Tierra Caliente y Acapulco, entre otras.

Incluso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acaba de informar que ha clausurado 16 unidades habitacionales porque las obras presentan irregularidades.

Cuando el Presidente ha realizado sus evaluaciones sobre Guerrero, ha informado de supuestas maravillas que la realidad contradice; por eso es muy importante que el Senado haya intervenido. El informe, ha dicho, servirá para valorar la pertinencia de invitar a reunión de trabajo a alguna de las dependencias involucradas, pero además sería sano que verifique si lo informado por los funcionarios está apegado a la realidad, porque los recursos han estado fluyendo año con año, y Guerrero, señala el senador Armando Ríos Piter, se mantiene en los primeros lugares de marginación y pobreza.

Con el Plan Nuevo Guerrero se asocia generalmente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero también participan las de Gobernación, Salud, Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Turismo, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de organismos públicos descentralizados.