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Tiene 296 casos abiertos sobre evasión de impuestos en el país

Amplía el SAT investigaciones sobre mexicanos en papeles de Panamá

Empezó ya la revisión del estado fiscal de 154 causantes, informó

 
Periódico La Jornada
Martes 17 de mayo de 2016, p. 19

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió 263 nuevas investigaciones sobre la situación de inversionistas mexicanos con recursos depositados en paraísos fiscales y cuyos nombres aparecen en los archivos de los llamados Papeles de Panamá. Con estos, suman ya 296 los casos abiertos por el organismo para investigar si hubo evasión de contribuciones.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo en entrevista radiofónica que, de los casos abiertos, el personal a su cargo ya empezó la revisión de la situación fiscal de 154 causantes y se investigan sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios fiscales.

De acuerdo con un reporte preliminar al 30 de abril, con base en la información liberada por el Consorcio Internacional de Periodistas sobre las operaciones del despacho Mossack Fonseca, asentado en Panamá, que es pública, se presume una serie de hechos, actos o conductas consistentes en la creación y adquisición de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas; inversiones, adquisición de bienes y servicios, depósitos bancarios y prestación de servicios de asesoría, consultoría o asistencia, entre otros.

Desde el pasado 3 de abril, el SAT inició las investigaciones sobre la situación fiscal de 30 constribuyentes mexicanos que se mencionan inicialmente en Los papeles de Panamá. Para una segunda entrega de información liberada internacionalmente sobre el caso, el órgano fiscal mexicano dijo el pasado 9 de mayo que nuevamente fija su postura en el sentido de revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México... Al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda información, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley. El SAT reitera su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país.

De la primera revisión realizada a partir del 3 y hasta el 30 de abril, el SAT identificó 30 causantes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas, aunque aclaró que en dos casos se sigue con el análisis de la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto (y) de una persona más no se cuenta con información en el RFC. Posteriormente se dio a conocer que en 29 de los casos investigados sólo uno no respondió a una carta enviada por el SAT pidiéndole que aclarara su situación. Al parecer se le impondrá una multa, pero Núñez Sanchez puntualizó que se le iniciará una auditoría.

La investigación preliminar al 30 de abril arrojó como resultado que en los 29 casos los sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo 2010-2014; se observó que los ingresos declarados en los 25 casos de personas físicas sumaron 20 mil millones de pesos en el periodo; que los impuestos pagados por los 29 sujetos, también en el lapso investigado, sumaron 3 mil 980 millones de pesos.

De los primeros 30 investigados, según el jefe del SAT, a 10 se les enviaron cartas invitación y nueve de ellos respondieron, acreditaron el pago de impuestos en una cuantía muy importante, otros presentaron declaraciones complementarias, es decir que se podrán autocorregir y pagar los impuestos derivados de esas declaraciones complementarias, en tanto que algunos otros acreditaron también no tener residencia en México en los años en que se reveló la operación, lo que indicaría que pagaron los impuestos en otro país.