Directora General: Carmen Lira Saade
Director Fundador: Carlos Payán Velver
Director: Iván Restrepo
Editora: Laura Angulo
Número Especial junio julio 2016 No 206

Colectivo Sí a la Vida,
en defensa de sus territorios

Max Hernández
Abogado representante del Colectivo Sí a la Vida ante los tribunales
Correo-e: [email protected]

Dieciocho meses de lucha por el respeto a la vida y la cultura campesina, en defensa de la tierra, el agua y los derechos humanos de nuestras comunidades nos han dejado muchas experiencias y enseñanzas: hemos visto crecer a las comunidades y a las personas, hemos aprendido a tejer una red de alianzas y apoyo mutuo que nos hace más fuertes y nos ayuda a tener una mirada más amplia y más clara del camino que queremos y debemos recorrer.

También aprendimos a conocer la fuerza, los alcances y alianzas de los que quieren imponernos su proyecto de muerte.

En esos 18 meses de trabajo y lucha hemos ido construyendo la identidad viva y cambiante de nuestro Colectivo Sí a la Vida para mejor enfrentar a nuestros adversarios. Ellos han avanzado también en la construcción de su proyecto y para ello han tratado de dividirnos, desprestigiarnos, amedrentarnos, inmovilizarnos, forzarnos a abandonar la lucha y, en resumidas cuentas, derrotarnos.

En estos 18 meses, con la complicidad o anuencia de las autoridades municipales, estatales y federales, lo han intentado prácticamente todo: engañar a los campesinos con falsas promesas de empleo, ocultar información acerca de la verdadera naturaleza y alcances de su proyecto, prodigar dádivas para ganarse la aceptación de las comunidades y de algunos de sus líderes (sin confesar sus verdaderos propósitos), sembrar rumores falsos para crear mala imagen pública del colectivo y dividirlo, calumniar, difamar y amedrentar a las personas que se han hecho más visibles a lo largo de esta lucha, a través de los medios, de las redes y mediante denuncias anónimas.

En octubre de 2014 se conocieron en General Cepeda los primeros indicios de la existencia de un proyecto de confinamiento en Noria de la Sabina. Inmediatamente empezaron a actuar algunos ciudadanos, prevenidos y alertados por la experiencia de 1998, cuando la comunidad logró impedir un proyecto semejante en San José de la Paila.

Las primeras tareas consistieron en reunir información dura y confiable sobre el proyecto, en volantear para difundir esa información y en recabar firmas de oposición al proyecto.

En un prolongado y complejo proceso de estudio, discusión en distintos foros y reuniones, se fue conociendo mejor qué debiera ser un proyecto de Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI) y la serie de irregularidades, ocultamientos, engaños, manipulaciones y complicidades que caracterizan al proyecto en Noria de la Sabina.

Debido a la propia diversidad y pluralidad de las comunidades, se fueron abriendo diferentes frentes de lucha que, con el paso del tiempo, fueron confluyendo en este colectivo.

La lucha ha pasado por diversas etapas:

  • Acopio de información.

  • Divulgación en las comunidades y ejidos.

  • Recolección de firmas.

  • Promoción y acopio de actas de Asamblea Ejidal rechazando el proyecto de confinamiento. En total se acopiaron 22 actas de un total de 38 ejidos.

  • Entrega de dichas actas y otros escritos a las autoridades competentes (Semarnat, R. Ayuntamiento de General Cepeda) y a otras autoridades (gobierno del estado y Congreso del Estado de Coahuila).


Candelilla (Euphorbia antisyphilitica)

Paralelamente, los abogados Jesús González Schmal y Gustavo Valdés Madero emprendieron una serie de iniciativas legales para interponer diversos amparos contra el proyecto.

El licenciado Roberto de la Maza, especialista en derecho ambiental, interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, impugnando la autorización en materia ambiental, concedida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, en agosto de 2014.

La respuesta de las autoridades fue de completa cerrazón, lo que dio paso a otra etapa de lucha.

Marchas, manifestaciones, mítines y ocupación del edificio de la Presidencia Municipal de General Cepeda. La cerrazón de las autoridades ocasionó un progresivo endurecimiento de las medidas de resistencia y protesta ciudadana que culminó con un bloqueo pasajero de las instalaciones del CIMARI.

Paralelamente, varios actores fueron objeto de diversas formas de calumnia, injuria, intimidación y amenazas.

Para responder a las graves amenazas lanzadas en contra de algunos activistas se buscó el amparo del obispo de Saltillo, fray Raúl Vera, quien después de enterarse a fondo de los hechos, decidió brindar al colectivo todo el apoyo de la diócesis a su cargo y de la Comisión de Derechos Humanos Fray Juan Larios. Esto permitió romper el cerco informativo y llevar la lucha al ámbito nacional e internacional.

La proclamación de la Encíclica Laudato Si, del papa Francisco, brindó aliento y claras orientaciones a nuestro colectivo, que adoptó al papa como padrino.

La criminalización de la participación ciudadana en nuestra lucha ha llevado a tres procesos penales y cuatro demandas civiles contra algunos de los actores más visibles de esta lucha.

El endurecimiento de la represión propició, por parte del colectivo, la búsqueda de vinculación y alianzas con otros colectivos comprometidos con la defensa de los territorios.

Destaca entre estas alianzas, la vinculación con los colectivos que se oponen a la instalación de un CIMARI en Palula, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí.

En febrero de 2016, la Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó una orden de suspensión provisional de las obras en el CIMARI, hasta tanto resuelva a quién asiste la razón y el derecho en el juicio de nulidad. La empresa interpuso inconformidad al acuerdo de la sala, pero le fue rechazado porque fue presentado en forma extemporánea. Como apoyo a las medidas de apremio que presentó el licenciado De la Maza, el notario público núm. 10 de Saltillo, levantó un acta de su visita a los alrededores del predio dando fe de que los trabajos continúan.


Proceso para extraer la cera de candelilla

Esta prolongada y difícil lucha ha sido terreno fértil para que surjan, se formen y maduren liderazgos comunitarios y ciudadanos limpios y libres de compromisos partidistas o sectarios.

Nos llama la atención que el titular de la Semarnat quiera hacer creer a la opinión pública que el Estado es rehén de dos empresas confinadoras que se resisten a la competencia.

Lo que hemos descubierto en 18 meses de lucha es que tanto el Estado como las empresas han actuado siempre en la misma forma: engaños, manipulación, falta de información, sordera ante las peticiones y protestas, compra de buena voluntad y al final amenazas, por eso cosechan rechazo.

No nos hemos opuesto ni estamos en contra de la instalación de confinamientos. Pensamos que sería bueno que hubiera uno en cada estado industrializado, para acortar los fletes y bajar el riesgo de siniestros en tránsito.

Nos oponemos en cambio a que dichos confinamientos se instalen en nuestras tierras porque consideramos que nos quieren cargar sus residuos sin considerar que nosotros no los producimos ni nos beneficiamos de la industrialización, somos gente de campo y queremos seguir siéndolo. Nada tienen que hacer estos centros para el manejo de residuos industriales en tierras que producen cabras, lechuguilla y candelilla.

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