Directora General: Carmen Lira Saade
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Director: Iván Restrepo
Editora: Laura Angulo
Número Especial junio julio 2016 No 206

Defensa de la vida frente a
intereses capitalistas en
Santo Domingo, San Luis Potosí


Perrito llanero mexicano, habitante del semidesierto Foto: Arturo Carrillo

Urenda Queletzú Navarro Sánchez

El capitalismo del siglo XXI y la política neoliberal contemporánea han fracturado y cosificado la mayor parte de la vida y la naturaleza de este planeta. La anterior afirmación se fundamenta en los procesos de expoliación de la naturaleza que son cada vez más frecuentes y que implican una apropiación de la misma a partir de que se le considere como objeto de mercancía y se le enuncie como recurso.

No debe causarnos extrañeza tal afirmación, pues si las propias personas son objetos de valor cambiario (ejemplo de ello es la esclavitud moderna tipificada en el delito de trata de personas) aun menos sorprende que se obtengan ganancias a partir de la naturaleza. Estas condiciones de explotación se han sostenido por la desigualdad estructural que ha generado el capitalismo.

Para los intereses de los grandes capitalistas del mundo, éste se reduce a la posibilidad de ganar-ganar y mantener redes de favores políticos que les permitan desarrollar sus proyectos a costa de violentar los espacios de vida. Buscan territorios y gobiernos altamente corruptibles, con condiciones de pobreza, impunidad y sistemas políticos y de impartición de justicia colapsados.

Esas condiciones las encuentran en países como México con una historia de colonialismo, de impunidad y corrupción. El gobierno mexicano ha ofrecido al mejor postor sus territorios a cambio de jugosas ganancias y prebendas que se diluyen en las manos de unos cuantos que, desde hace tiempo, tienen tomado al país. Modifican normas constitucionales bajo el pretexto de permitir y dar certeza jurídica a proyectos devastadores de ecosistemas; desarticulan comunidades que emprenden la defensa de sus territorios, escondiendo hasta lo profundo su tejido social y desapareciendo toda huella de su memoria histórica.

Ésa es la antesala del megaproyecto de confinamiento de desechos tóxicos que ahora busca asentarse en Santo Domingo, municipio de San Luis Potosí, territorio olvidado por quienes gobiernan, pero conocido por quienes lo habitan. Es una planicie semidesértica, donde sus habitantes se dedican a la ganadería, la siembra y recolección de especies endémicas; donde el agua en la superficie es imposible de conseguir pues las lagunas en su demarcación están secas la mayor parte del año; donde la desigualdad deja ver la ausencia de un Estado que garantice derechos humanos, pero donde los intereses transnacionales han puesto sus ojos, no para combatir el rezago social, sino para mercantilizar sus territorios en contratos millonarios.

Lo que no pensó José Cerrillo Chowell, dueño del proyecto, es que los habitantes de Santo Domingo opondrían resistencia, conscientes del impacto que traería aparejada la instalación del tiradero de desechos tóxicos sobre el cual nunca fueron consultados. Al rotundo no de los pobladores le han seguido una serie de descalificaciones mediáticas, litigios y complicidad de las instituciones del Estado en todos sus niveles.

Ante un panorama desolador y desigual, donde las instituciones cómplices violentan el derecho humano al medio ambiente sano, los pobladores de Santo Domingo nos han dado la muestra de que la lucha se emprende cuando la libre autodeterminación de los pueblos se impone sobre los formalismos legalistas que cumplen “requisitos técnicos” previstos en leyes hechas a modo. Y donde la autoridad, lejos de representar a sus gobernados, litiga en su contra, pero se topa con la creciente conciencia de quienes han hecho de la tierra su vida, premisa que nos empuja a librar esta batalla desde cualquier trinchera.

En materia de derechos humanos, los Estados están obligados a garantizarlos; esto implica que se encuentran por encima de cualquier ley cuya afectación conlleve una vulneración a la esfera de derechos de los individuos. Así, los derechos humanos a la vida, al medio ambiente sano, a la autodeterminación, están por encima del “cumplimiento” técnico-legal de quienes pretenden socavar a toda costa lo que hoy es tema de debate en el derecho: la naturaleza como sujeto de derechos.

No está de más señalar que, como comunidad, hemos perdido el sentido de pertenencia e identidad con respecto a la naturaleza. Parte de la praxis jurídica que la defensa de los territorios como los de Santo Domingo, Cerro de San Pedro y General Cepeda nos deja estribar en la capacidad de reconocernos dentro de nuestro entorno de vida, reconstruir nuestra historia y la memoria que se ha anclado en el olvido de que somos, como otros, una especie más en el planeta Tierra.

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