En una decisión inédita, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer a un indígena de la etnia mixe de Oaxaca que demandó al Presidente de la República por su omisión, al no cumplir con su obligación de traducir a la lengua mixe la exposición de motivos y la reforma constitucional de 2001 sobre derechos y cultura indígena.

Por unanimidad, los ministros ordenaron al Ejecutivo federal para que, por conducto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas “cumpla la obligación de disponer la traducción del texto íntegro de la exposición de motivos y del decreto de reforma constitucional, además de que deberá difundirlo en las comunidades indígenas en las que se habla dicha lengua.

La sala amparó a Serafín Reyes López, quien argumentó que el gobierno federal se había obligado en la citada reforma a traducir a las lenguas indígenas el contenido de la reforma.

Señaló que ésta tuvo como propósito atender la situación jurídica de los pueblos indígenas que es todavía profundamente insatisfactoria, y que su situación social es motivo de honda preocupación nacional. Por esta razón se modificó el artículo cuarto constitucional con el propósito de buscar la inserción plena de los pueblos indígenas en el Estado mexicano, garantizando que sean sujetos de su propio desarrollo y tengan plena participación en las decisiones del país.

Señaló que si la reforma tuvo como propósito la inserción plena de los pueblos indígenas y se acreditó que no se tradujo la citada reforma a la lengua mixe, se violaron los derechos constitucionales de esa comunidad.

En su defensa, el Ejecutivo federal argumentó que había cumplido con lo dispuesto en la Constitución, que ya se había hecho la traducción a lenguas como huichol, tzotzil, hñahñu, maya, zapoteco, náhuatl, purépecha, totonaco, yoreme y zapoteco.

Además de que estaban en revisión otros tres proyectos de traducción, por lo que no había incurrido en ninguna omisión, pues las traducciones las están haciendo en forma paulatina.

Sin embargo, la primera sala concluyó que el Ejecutivo federal incumplió el deber impuesto en la reforma constitucional, “máxime que han transcurrido 14 años desde la reforma constitucional y únicamente se han realizado 22 traducciones de la norma, siendo que el catálogo oficial de lenguas indígenas reconoce 68.