Opinión
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Diálogo entre el gobierno de Santos y el ELN
Gilberto López y Rivas
D

espués de más de dos años de pláticas exploratorias confidenciales entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sostenidas en Ecuador, Brasil y Venezuela, finalmente, el 30 de marzo de 2016, ambas partes firmaron el Acuerdo de Diálogos y la instalación de una mesa pública para abordar los puntos establecidos en la agenda, con el fin de suscribir un convenio final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad. En estas conversaciones actuaron como garantes los gobiernos de esos tres países, junto con el de Noruega, mientras los de Cuba y Chile oficiaron como acompañantes. Las delegaciones reconocieron que la paz es un bien supremo de toda democracia, y con el objetivo de poner fin al conflicto armado y erradicar la violencia de la política, ubicaron en el centro la situación de las víctimas para avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de una paz estable y duradera. Las partes acordaron instalar en Ecuador la mesa de diálogos pública, adelantar pláticas directas e ininterrumpidas y desarrollar una agenda con la mayor celeridad y rigurosidad, fungiendo todos los gobiernos mencionados como garantes.

Cuatro años atrás, el ELN había manifestado su disposición para participar en un proceso de paz, planteando por medio del comandante Nicolás Rodríguez Bautista que “la salida real para el futuro de Colombia al conflicto es de un consenso social y político alrededor de la paz (…) El ELN siempre ha dicho que si en Colombia se abren los cauces para la actividad política de la sociedad, llega un momento en que las armas comienzan a sobrar, es decir, nadie va a preferir alzarse en armas si hay condiciones de desarrollar la lucha y la actividad política por las vías democráticas, legales, institucionales y amplias, porque precisamente la negación de esa realidad fue la que posibilitó el levantamiento de armas (…) y llega un momento en que el motivo que llevó a éste dejará de ser razón para tenerlas, porque habrá garantías, y eso es lo que quieren la mayoría de los colombianos y la insurgencia misma”.

El problema ha sido, como pudimos observar cuando asistimos a Colombia como testigos de la firma de otros acuerdos de paz en El Caguán, en 1999, que no se crearon las condiciones para garantizar la participación y la acción política de los insurgentes, siendo el paramilitarismo y las redobladas estrategias de terrorismo de Estado, apoyadas por Estados Unidos, el principal impedimento para un efectivo cumplimiento de acuerdos. Una reunión en esa fecha con el presidente Andrés Pastrana terminó abruptamente cuando se le inquirió, precisamente, sobre la recurrencia del paramilitarismo. Años después, como miembro de la Comisión Ética contra los Crímenes de Estado en Colombia, corroboré también en el terreno la impunidad con que actúan los paramilitares, y el terrible impacto en el mundo rural de la conocida práctica castrense de los falsos positivos. Con toda razón, el comandante Rodríguez afirmaba en enero de 2013: “Se requiere que haya cambios, que haya procesos que visibilicen ese cambio, donde las garantías políticas no se ofrezcan teóricamente, sino que se palpen en la vida misma del país, de la realidad social, de la realidad política. Eso es lo que hay que crear, y el ELN cree que eso se crea con la participación de la sociedad colombiana, particularmente de los sectores excluidos de la política por esa acción terrorista del Estado, porque, por ejemplo, es difícil pensar que pueda creerse en un acuerdo si el paramilitarismo sigue existiendo como existe hoy (...) El ELN habla de un gobierno de ‘Nación, Paz y Equidad’, porque Colombia es un país que está en guerra y la paz es la mayor aspiración de los hombres y mujeres colombianos, incluida por supuesto la insurgencia. El ELN entiende la paz como justicia, equidad, democracia y soberanía”.

De la agenda que las partes acordaron, el fin del conflicto armado adquiere, a la luz de las experiencias pasadas, un relieve singular, ya que en este tema se trata de erradicar la violencia y propiciar el tránsito del ELN a la política legal. Para ello, se discutirá la definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes, las garantías de seguridad para sus miembros, las condiciones y garantías para el ejercicio de la política, los miembros procesados o condenados, el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo para que no se repita, las dinámicas y acciones humanitarias, el cese del fuego y hostilidades bilateral, y el acuerdo sobre las armas del ELN.

En todo caso, esta organización político-militar ha expresado su disposición para avanzar de manera digna en la edificación de una nueva patria. Su determinación por luchar por una paz, siempre ligada a las aspiraciones populares, con su protagonismo y conducción. El ELN reitera que la paz sólo se expresará en cambios reales en el modelo económico, en las trasformaciones estructurales de las fuerzas armadas del régimen, en el fin del narcoestado, el paramilitarismo, la actual política petrolera y en la defensa de la tierra y el territorio. Sus integrantes consideran que a lo largo de más de 50 años de lucha han ganado una legitimidad en el corazón de las mayorías populares de las cuales nacen y a quienes se deben. Sostienen, asimismo, que la ética de su lucha parte también, y sustancialmente, de su posición con respecto al narcotráfico, considerado como una corporación capitalista más a la que hay que combatir.

El ELN es hoy una fuerza insurgente madura, que forma parte y nace de un pueblo heroico, rebelde y trabajador que ha buscado incansablemente la paz. Es patrimonio de las luchas de resistencia de los pueblos contra la tiranía de las oligarquías criollas y frente a la explotación imperialista. Lucha por la integración soberana de los pueblos, que proporcione poder real a América Latina frente a las grandes potencias, frente a Estados Unidos, como han sido los sueños de Martí, Bolívar, Zapata y Camilo Torres. Con otras capacidades y protagonistas, pretende profundizar las grietas del imperialismo, afianzar la lucha anticapitalista con procesos que debe librar toda América Latina, no una sola nación, pues la transformación revolucionaria del continente representa un eje estratégico en los caminos de rebeldía para los movimientos populares, revolucionarios y democráticos de Nuestra América.