Que el olvido no borre la memoria:

San Miguel del milagro y el reparto agrario

María Magdalena Sam Bautista
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala

El reparto agrario en Tlaxcala es un “archipiélago de historias locales”, dijo alguna vez el historiador holandés Raymond Buve, y tenía razón: todos los pueblos que buscaron ser beneficiados en esa etapa, a principios del siglo pasado, contaban con trayectorias específicas y diversas en relación con los actores, instituciones y procesos implicados en la lucha por la tierra.

Pero también pueden encontrarse elementos comunes en esos pueblos que nos dan sólidas razones para que el olvido no pueble la memoria. Uno es la presencia de la comunidad, por medio de su asamblea como actor central de la vida del pueblo. Tal es el caso de San Miguel del Milagro, municipio de Nativitas, en el suroeste de Tlaxcala.

En los archivos del Registro Agrario Nacional (RAN) es posible documentar de manera amplia la lucha por la tierra de los pueblos de Tlaxcala a partir de 1917. En esa etapa la comunidad de San Miguel del Milagro se vio enfrentada a pueblos vecinos y a los hacendados de la región debido a que todos estos actores buscaban quedarse con las mejores tierras para cultivo. También se enfrentó con las autoridades agrarias, que en cierto momento del reparto agrario se pusieron del lado de los hacendados.

Los primeros estudios sobre la Revolución Mexicana plantearon que la tierra en México a finales del siglo XIX se concentró en los grandes propietarios (dueños de haciendas), y que una inmensa mayoría de la población en las zonas rurales no poseía tierra para cultivar. Así se explicaba entonces que, hacia la segunda decena del siglo XX, surgiera el movimiento político y armado que derivó en la Revolución Mexicana. Con el tiempo, la historiografía demostró que la realidad fue mucho más compleja y se fueron visibilizando las diferentes razones para el levantamiento armado en las diversas regiones del país. Se conoció, por ejemplo, la participación de los peones sin tierra, los intereses de los pequeños propietarios y la lucha de comunidades enteras. Estos sectores –entre otros– serían los que posteriormente se organizarían para solicitar tierras al gobierno de Venustiano Carranza durante el reparto agrario.

En 1916 San Miguel del Milagro solicitó tierras a la Comisión Nacional Agraria (CNA), institución encargada entonces del reparto agrario. En estas solicitudes es frecuente encontrar escrito en los oficios: “lo que el pueblo diga”, lo cual expresa que una lógica normativa de esta comunidad era obedecer los mandatos de la colectividad, tanto si estaban unánimemente de acuerdo como si había diferentes voces dentro de la asamblea.

Para la creación del ejido, las autoridades agrarias de esa época partieron de un diagnóstico general de la situación económica del pueblo solicitante de tierras. Hacia 1916 se señalaba que el pueblo se hallaba situado en un cerro carente de tierras de buena calidad adecuadas al cultivo y de agua para el abasto de la población. Según un informe rendido por la CNA, el pueblo sólo disponía de 150 hectáreas para usos agrícolas (un promedio de una hectárea por cada jefe de hogar). Se carece del dato del total de personas que vivían en este poblado pero un padrón de 1912 reportó un total de 109 jefes de familia, y suponiendo que cada hogar tenía cuatro miembros en promedio, estimamos que la población era de 400 personas.

El 14 de noviembre de 1917 la Presidencia de la República propuso dotar de tierras al pueblo, y señaló que la superficie que se utilizaría no hacía falta a los pueblos colindantes ni se limitaban las zonas de protección reglamentarias, pues a la hacienda Mixco se le dejarían 72 hectáreas y a la de San Juan Atoyac 50. Con la dotación del ejido, la superficie del lote que correspondería a cada jefe de hogar sería de dos hectáreas. También se señaló que las tierras que se dotarían serían de secano de segunda, en lomas utilizables para pastos (tomadas de San Juan Mixco) y serían 37 hectáreas de labor, de riego, de primera clase, y 128 hectáreas de ciénaga utilizable sólo para pastos (tomadas de San Juan Atoyac).

Tres años después, el 13 de agosto de 1920, fue cuando la dotación ejidal se hizo efectiva jurídicamente, con la publicación de la Resolución Presidencial, que señalaba que quedaba plenamente justificada la necesidad de dotación de tierras que tenía la comunidad de San Miguel del Milagro, pues carecía de las suficientes para satisfacer sus necesidades; y siendo como era, un pueblo netamente agricultor y sin otra fuente de riqueza para allegarse de recursos, resultaba procedente que se le dotara de tierras ejidales, dentro de lo que establecían los artículos 27 constitucional y 30 de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Asimismo, se resolvía que para cubrir la dotación debían tomarse 184 hectáreas de las tierras de San Juan Mixco y 165 de San Juan Atoyac, con la localización que aparecía en el plano aprobado por la CNA. También se señalaba que debían dejarse a salvo los derechos de los propietarios afectados por la dotación y que debían ser indemnizados por la autoridad.

Sin embargo, el 3 de febrero de 1921 el encargado de los trabajos de dotación llegó al pueblo, ese mismo día recorrió los terrenos y concluyó que los de San Juan Atoyac eran enteramente pantaneros y que se formaba una laguna que los hacía impropios para el cultivo. También se percató que en estos terrenos se unía al pueblo una barranca en donde alguna vez se edificó una zanja que permitía el desagüe del cauce de la laguna, pero esa zanja quedaba en tierras de San José Atoyatenco y era posible que los vecinos no quisieran dar permiso a los de San Miguel para desazolvarla. Por tal motivo, la comunidad de San Miguel rechazó las 165 hectáreas que se proyectaba tomar de ese lugar.

Ante ello, el delegado de la CNA de Tlaxcala se comunicó el 14 de febrero de 1921 a la CNA federal, y ésta determinó que no era posible hacer cambios de ejido, ni cambiar la Resolución Presidencial; que había que convencer a la comunidad de que aceptara las tierras y después pidiera ampliación de dotación. La comunidad mantuvo su negativa y dijo que aceptaría sólo si las autoridades les expresaban oficialmente la oferta de que las aceptaran y que después podrían pedir una ampliación de dotación. Lo que queda claro es que el argumento de las autoridades de los años 20’s fue de tipo funcional, orientado a no romper el frágil equilibrio que suponía la negociación con todos los actores sociales y políticos involucrados en el reparto de tierras. En los hechos, dicho reparto pasó por un complicado proceso de negociación que dejó fracturadas las relaciones entre las comunidades.

El 4 de abril de 1924, cuatro años después de publicada la Resolución Presidencial, el descontento de la comunidad prevalecía mientras que las autoridades agrarias seguían discutiendo el tema de la mala calidad de las tierras. En todo este proceso, la comunidad, vía la asamblea –la instancia de toma de decisiones colectivas– jugó un papel central. La asamblea se reunió, discutió, tomó decisiones, delegó responsabilidades y defendió su derecho a la tierra. Planteó su desacuerdo con los dictámenes de la CNA, pues la superficie que se pretendía dotar a la comunidad comprendía barrancas y laderas, estériles y de mala calidad. La asamblea afirmó en las comunicaciones a las autoridades que el rechazo no era una cuestión del Comité del ejido sino de las dos terceras partes de la comunidad reunida en asamblea.

La comunidad de San Miguel del Milagro planteó como una posibilidad intermedia la dotación de parte de las tierras (las fértiles y laborables), pero las autoridades federales hicieron caso omiso. La propuesta fue firmada por casi 70 campesinos reunidos en asamblea, entre los que destacaron Antonio Guevara, Félix Guevara, Savino Chavarría, Felipe Piscil, Francisco Luna, Teodoro Romero, Aarón Piscil, Anastasio López y Savino Ramírez. La vida colectiva de los campesinos fue intensa pues no tenían más recurso que la asamblea. Contrario a lo que ocurre en otros pueblos de la región y del municipio, no se observa la actividad de intermediarios políticos sino de campesinos organizados en torno a la asamblea. (Por ejemplo, en el vecino pueblo de Santa Apolonia, el nombre del intermediario político, Marcelo Portillo, aparece en decenas de oficios de negociación, según se desprende de la lectura del expediente de dicho ejido en la delegación del RAN en la Ciudad de Tlaxcala.)

El 18 de marzo de 1921, el procurador de pueblos de la Comisión Local Agraria contestó a sus oficinas federales que no ignoraba las resoluciones presidenciales pero que: “[…] existe un criterio jurídico de que no es obligatorio para los pueblos tomar tierras de mala calidad, ya que ellos en nada se beneficiarían si recibieran terrenos infecundos, como pasa en el caso de San Miguel del Milagro”. Sin embargo, finalmente, la CNA rechazó los argumentos de la comunidad y le dio posesión definitiva de 217 hectáreas de la Hacienda San Juan Atoyac el 10 de junio de 1924. El 24 de noviembre del mismo año la comunidad fue obligada a devolver 50 hectáreas a la mencionada hacienda con el argumento de que eran parte del casco, y tres años más tarde, el 25 de julio de 1927, le dieron 42 hectáreas adicionales.

¿Qué hicieron los de San Miguel del Milagro con la tierra no apta para el cultivo? Decidieron en asamblea rentarla a los pobladores de San José Atoyatenco y San Mateo Tepetitla, lo que a la postre generaría problemas. En 1925 los de San José invadieron las tierras que les habían sido rentadas, desecaron un desagüe y tiraron árboles sobre el río Ajajala. Y en 1932 tuvieron conflicto con los de Santa Ana Nopalucan por tierras superpuestas entre ambos ejidos y porque abrieron zanjas en las tierras de San Miguel. Adicionalmente, entre 1924 y1963 se enfrentaron con los de San Mateo Tepetitla por invasión de tierras, por evitar el paso del ganado por tierras de San Miguel y por tirar puentes (ubicados en terrenos de Tepetitla) impidiendo con ello el tránsito de los de San Miguel. Sin embargo, en los años 30’s pasaron de ser enemigos a aliados estratégicos con los vecinos de Santa Ana Nopalucan, pues les ayudaron a contener el conflicto con los de San Mateo hasta que la autoridad agraria determinó a su favor.

También la comunidad tuvo enfrentamientos con los hacendados. Una vez realizada la dotación del ejido, sobrevino una serie de tensiones entre los vecinos de San Miguel y los hacendados expropiados. El 18 de junio de 1924 Carlos Kennedy, en representación de la señora Petriciolli viuda de Kennedy, dueña de la “finca” de San Juan Atoyac, señaló ante la CNA que los campesinos de San Miguel del Milagro comenzaron a segar –sin pertenecerles– el trigo que estaba sembrado en las tierras dotadas, y que la finca tenía tierras dadas en aparcerías con algunos vecinos de Santa Ana Nopalucan y San José Atoyatenco. Efectivamente, más adelante se comprobó que los campesinos habían tomado no sólo las tierras dotadas, sino otras que eran laborables, por la confusión que había dejado el reparto agrario en los límites de las tierras.

Los dueños de las haciendas realizaron gestiones con instancias diferentes a las que usualmente accedían los campesinos. Se dirigieron al gobernador del estado, y éste, por medio de la Secretaría General de Gobierno, se comunicó con el delegado de la CNA. Los dueños de la “finca” Atoyac se refirieron a la invasión de terrenos por parte de los vecinos de San Miguel del Milagro y pidieron la intervención del gobernador, quien les dio la razón y pidió a los funcionarios de la CNA que realizaran los trámites para que le fueran devueltas las cosechas a los hacendados.

No obstante los grandes recursos relacionales de los hacendados y a las luchas perdidas, los de San Miguel lograron hacerse escuchar y también ganar batallas por la tierra debido a su actuación colectiva por medio de la asamblea. De otra forma no hubiese sido posible.

Por la vía de su asamblea y a lo largo de su historia, la comunidad fue un actor social importante por la lucha por la tierra en San Miguel del Milagro. Visibilizar la acción de esta instancia de gobierno ayuda a demostrar que hay una historia de defensa de los derechos a la propiedad de la tierra que está viva en la memoria local. La historia se documenta con los testimonios escritos en archivos y con los relatos de los mayores de la comunidad, y alimenta en la actualidad la práctica colectiva de los cooperantes de este pequeño pueblo en el suroeste de Tlaxcala. Esto anima hoy en día diversas comisiones que permiten que, frente al vacío histórico del Estado mexicano, el pueblo opere cotidianamente la solución de las necesidades locales.

Se demuestra que proceder colectivamente da resultados, construye comunidad y permite la reproducción de ésta en el tiempo. Una enseñanza que deja revisar la historia de muchos pueblos de Tlaxcala (y del país) es ver que detrás de lo que hoy son y tienen como comunidad está la participación de generaciones que lucharon por cada centímetro de tierra, de calles, de escuelas, de canchas deportivas, de iglesias, de mercados… En un país centralista como México, a los gobiernos no les ha interesado el bienestar ni las necesidades de las pequeñas poblaciones, por lo que las comunidades han tenido que tomar en sus manos la solución a sus problemas. Luminosa enseñanza de la historia.

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