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De nuestras Jornadas

Derechos humanos, ciudadanía y voto de los migrantes

E

l número de habitantes del estado de Zacatecas es de alrededor de 1.5 millones, pero si no hubieran existido las causas de fondo del fenómeno de la emigración, seríamos alrededor de 2.5 millones. Los zacatecanos que viven en Estados Unidos son más productivos que quienes nos hemos quedado en el territorio, y las remesas que envían a sus familias explican en buena medida el consumo de alimentos, ropa y medicamentos de éstas en sus comunidades de origen. El incremento de las relaciones entre zacatecanos de aquí y de allá siempre redundará en beneficios para ambas partes, pero lamentablemente eso no es lo que piensa la mayor parte de las autoridades mexicanas, al concebir a los emigrados sólo como fuente de recursos y no como sujetos de derecho alguno.

La equivocada idea de que las personas que residen sin papeles en un país no pueden reclamar ningún derecho sigue causando mucho sufrimiento humano en países como Estados Unidos, que son receptores netos de migrantes de todo el mundo. Es el caso de millones de compatriotas que viven en la clandestinidad, sintiéndose en casa ajena y sin la información que les permita tener conciencia de la utilidad y la dignidad de su trabajo. Esa ausencia de valorización de su aporte a la sociedad en que viven también es la causa de fondo de la escasísima participación política, al igual que lo son las reticencias y falta de interés de las diversas autoridades para generar las condiciones más elementales para ello.

La falta de respeto a los zacatecanos en Estados Unidos se expresa de muchas maneras, entre ellas su exclusión total en la designación de los dos diputados llamados migrantes que integran la Legislatura, el monto ridículo de la partida presupuestal destinada a la dependencia encargada de las relaciones con las comunidades de zacatecanos en el exterior y la ausencia de programas orientados al conocimiento masivo de los derechos humanos. Eliminar esas y otras faltas de respeto a nuestros paisanos debe ser una prioridad para las nuevas autoridades estatales.