El gobierno de México se manifestó ayer respetuoso de las instituciones estadunidenses encargadas de desahogar la demanda interpuesta por varios estados sobre la constitucionalidad de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en su versión Ampliada y para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes.

No obstante, insistió en el impacto positivo que tendría la adopción de dichos proyectos en la vida de millones de familias de inmigrantes, así como en el desarrollo de la economía y en el tejido social del país del norte. Con este planteamiento, las autoridades mexicanas fijaron su posición ante la falta de acuerdo en la Suprema Corte estadunidense sobre la constitucionalidad de los dos programas, pues hubo un empate en la votación de sus integrantes.

Explicó que se mantiene la suspensión provisional de la entrada en vigor de ambas propuestas, razón por la cual corresponderá ahora a la corte de distrito resolver sobre si millones de indocumentados, muchos de ellos de origen mexicano, pueden regularizar su situación migratoria.