Cancún, QR.

El Congreso de Quintana Roo, de mayoría priísta, aprobó 32 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 y tomó protesta a los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA): Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar, quienes durarán siete años en el cargo y fueron propuestos por el gobernador Roberto Borge Angulo.

Los legisladores desahogaron al vapor el llamado paquete de impunidad, que constaba de 42 puntos, entre ellos modificaciones para que el ayuntamiento de Solidaridad –del cual es alcalde con licencia Mauricio Góngora, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura–, contrate un préstamo hasta de mil 30 millones de pesos a pagar en 20 años.

Entre las cuentas públicas aprobadas se hallan las del Poder Ejecutivo estatal, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de la Universidad Tecnológica de Cancún, de la Universidad de Chetumal, del Instituto Quintanarroense de la Mujer y de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal, Solidaridad y Tulum.

También las del Instituto de Capacitación para el Trabajo, de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, del Instituto del Deporte de Solidaridad, del Instituto de la Juventud de Solidaridad, del Fideicomiso Turístico y del Instituto de la Cultura y del Deporte de Benito Juárez, así como las cuentas de los ayuntamientos de Bacalar, José María Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, entre otras. Además, autorizaron la renuncia del titular de la dirección de apoyo jurídico, Jorge Herrera.

Entre las atribuciones del TJA se encuentra la imposición de imponer multas o inhabilitar a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como estipular el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a entes públicos, federales, locales o municipales.

El diputado panista Sergio Bolio Rosado afirmó que el desglose de las cuentas públicas no les fue entregado a tiempo. Humanamente no tuvimos capacidad para revisar en unas horas tantas cuentas, que finalmente fueron aprobadas por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo , dijo.

En días recientes, el líder del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, acusó que con el paquete de impunidad el Congreso de Quintana Roo convirtió la Procuraduría del Estado en fiscalía general y nombró al actual procurador, Carlos Álvarez, para los próximos nueve años; designó a Javier Zetina, inmiscuido en múltiples escándalos de corrupción, auditor superior del estado, y reformó la ley para garantizar que el gobernador y su familia cuenten con escoltas los próximos 15 años, pagados con recursos de Quintana Roo.

Cuerpos colegiados, asociaciones civiles, partidos políticos y diputados electos anunciaron que buscarán mecanismos legales, incluidos juicios de protección, controversias constitucionales y recursos de inconstitucionalidad para impugnar las decisiones de los legisladores.