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Duarte usará impuesto para pagar $600 millones a medios: Yunes
La Jornada Veracruz
Periódico La Jornada
Jueves 7 de julio de 2016, p. 30

Boca del Río, Ver.

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, acusó a su antecesor, Javier Duarte, de buscar heredarle todos los pasivos que no pudo enfrentar en su administración. Sostuvo que pretende usar lo recaudado con el impuesto de 3 por ciento a las nóminas –cuyo objetivo era crear infraestructura– para pagar 600 millones de pesos a medios de comunicación.

Lamentó que el Congreso local, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es mayoría, esté listo para aprobar el kit de impunidad de Duarte, con fiscal anticorrupción, magistrados, una sala y un contralor a modo.

La dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga, quien acompañó a Yunes Linares en su conferencia de prensa, exigió al gobierno federal intervenir en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, donde los gobernadores salientes pretenden blindarse contra acciones judiciales .

La ex candidata al gobierno de Guerrero señaló que en esas tres entidades, cuyas nuevas autoridades no serán priístas, los mandatarios y los congresos impulsan paquetes de impunidad y paralización, y destacó que el gobierno de Javier Duarte “ha perdido la razón.

No sólo quieren irse sin castigo, sino además quieren paralizar el estado. Estamos buscando al secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para que ponga un alto. Quiero hacer un llamado al presidente (Enrique) Peña Nieto, para que insista. En el PRI la voz del Presidente cuenta mucho. Que le diga a Javier Duarte que se separe del gobierno, y si el Presidente no actúa, que la Cámara de Diputados federal lo haga a través del juicio político, exigió.

Adelantó que el Partido Acción Nacional y el PRD buscarán que se proceda en contra de Duarte de Ochoa y de los diputados priístas que aprobaron las iniciativas de blindaje por comportarse con servilismo hacia el gobernador. Los legisladores, según Beatriz Mojica, también deben enfrentar juicios políticos y ser inhabilitados, pues prácticamente incurren en delincuencia organizada.